La adolescencia es la época de la búsqueda de la identidad o, mejor dicho, de las diferentes identidades, especialmente desde la perspectiva emocional.

 En lo que respecta a la identidad ‘nacional’, en aquella edad me sentí mucho más aragonés que español. En la actualidad, prefiero apoyar políticas que garanticen las libertades públicas y los derechos fundamentales, así como la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades. Todos ellos son objetivos primordiales de la Constitución de 1978.

En mi juventud me impregné de esa idea de agravio que se extendía por doquier en la sociedad aragonesa y que, de forma tan contundente, expresaban los cantautores, siempre atentos a denunciar cualquier política extractiva que nos privara de recursos materiales y humanos. Este memorial de agravios ha llegado hasta la Ronda de Boltaña. Si bien las reivindicaciones han variado notablemente, la cantinela sigue siendo la misma.

Uno de los problemas que ha padecido la descentralización en España ha sido que se ha medido el poder de los territorios en función de sus quejas. Cuando se cumplen cuarenta años de nuestro primer Estatuto de autonomía, cabe recordar que muchos aragoneses despotricamos, entonces, porque se nos recondujo por la llamada ‘vía lenta’ del artículo 143 de la Constitución. Quizá por ello nuestro Estatuto ha sido el más reformado de todos. En la reforma de 1996 se proclama que somos una «nacionalidad» y la de 2007 incide en nuestra consideración como «nacionalidad histórica», aunque términos similares aparecen en otros siete Estatutos de autonomía.

Desde Gaspar Torrente, siguiendo la estela del nacionalismo catalán, la «identidad nacional» aragonesa ha de basarse en la reversión de determinados hechos históricos que, según parece, marcaron nuestra decadencia. El esplendoroso pasado, que se pierde en la noche de los tiempos, contrasta con nuestro gris presente. Pues bien, ni el pasado fue tan radiante ni el presente es tan aciago. El victimismo conduce siempre a la ucronía. A esta mentalidad, generalmente bienintencionada, respondió la aprobación, en 2018, de la Ley de Actualización de Derechos Históricos de Aragón, texto que, un año después, el Tribunal Constitucional no sólo podó, sino que taló, dado que apenas dejó algún artículo intacto.

Qué representa hoy Aragón en el mundo. Aunque parezca una manifestación de engreimiento, voy a narrar una anécdota personal. Hace un tiempo, publiqué un libro en una editorial jurídica sobre lo que denominé el ‘Derecho de la Historia’. Abordaba dos grandes temas, la llamada memoria democrática y los derechos históricos. En este último ámbito presté especial atención al estudio de la norma aragonesa.

El libro apenas se vendió, pero alguien de la editorial me comentó que había tenido casi más aceptación en el extranjero que en nuestro país. A través de la página ‘worldcat.org’, pude comprobar que había sido adquirido por las universidades de Harvard y de Yale. Quién les iba a decir a los redactores de la norma aragonesa que un libro que dedica casi cincuenta páginas a la misma acabaría en las estanterías de dos prestigiosas universidades norteamericanas.

Asimismo, descubrí que había llegado a Múnich y, en concreto, a la biblioteca estatal de Baviera. Picado por la curiosidad, entré en su base de datos y comprobé que la primera palabra que hacía referencia al mismo era ‘Aragonien’. Tras pinchar en dicho término, aparecieron casi setecientas obras dedicadas a Aragón, que abordan nuestro pasado y nuestro presente. Entre otras, varias del profesor Guillermo Fatás.

Aragón es una realidad muy viva, que da lugar a casi setecientas entradas en la segunda biblioteca más importante de Alemania, lo que no es poco. Y, en cualquier caso, continuamos siendo una tierra hospitalaria, regida por el respeto a los pactos, la lealtad institucional y el sentido común. Como siempre.

Lo demás es, con harta frecuencia, leyenda o, simplemente, onanismo histórico.

Ángel Garcés Sanagustín es profesor de Universidad