Opacidad sanitaria

Con la llegada del verano la plantilla sanitaria se resiente y se colapsan las urgencias. 

Se pone de manifiesto la creciente precariedad que sufre el personal sanitario, mientras nos abruman los informes sobre las diferencias entre comunidades autónomas en materia de listas de espera o retribuciones de su personal. Pero, ¿en qué gastan de manera diferente las autonomías? Y, sobre todo, ¿a qué se deben estas diferencias en la inversión sanitaria? Solo un buen entendimiento de estas cuestiones podrá darnos alguna opción, si la hay, para elegir lo que queremos.

Las diferencias de gasto sanitario entre las comunidades autónomas son sobre todo diferencias relativas a los gastos de personal y de equipamiento. El Estado fija los sujetos que tienen acceso al Sistema Nacional de Salud y las autonomías no pueden reducir ni ampliar las personas con acceso. El Estado establece qué parte le corresponde pagar al usuario al comprar los medicamentos y las autonomías no pueden aumentar ni reducir ese copago. El Estado establece una cartera de servicios mínima muy amplia y las autonomías sí pueden mejorarla (por ejemplo, cierta cobertura para el dentista, la cirugía de cambio de género, métodos anticonceptivos…). Sin embargo, no puede esperarse que las desigualdades en la cobertura de estos servicios complementarios se traduzcan en diferencias de gasto significativas. Por tanto, las diferencias de gasto se establecen en lo que el Estado no entra o lo hace de manera muy puntual: plantillas, retribuciones complementarias de los sanitarios y compra de equipamiento.

Pero, ¿cuál es la causa de esta diferencia de gasto? ¿Por qué el presupuesto sanitario es diferente en cada comunidad autónoma? Se podría decir que la diferencia de gasto viene marcada por dos factores. En primer lugar, por el nivel de recursos proporcionados en cada territorio por el sistema de financiación autonómica. En segundo lugar, por la opción ideológica del gobierno autonómico a través de sus impuestos y una mayor inversión en sanidad.

Respecto al primer factor, el País Vasco y Navarra cuentan con un sistema de financiación que permite un mayor nivel de gasto sanitario. La forma opaca en la que el Congreso aprueba cada cinco años el cálculo del cupo ha derivado en que las instituciones vascas y navarras disfruten hoy de más del doble de financiación pública por habitante que la media de las comunidades de régimen común. Su inversión sanitaria es mejor, pero no es resultado de una opción política, sino de un privilegio sustentado en la opacidad.

Respecto al resto de las comunidades autónomas, el grueso de su financiación sanitaria procede del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales; una pieza confusa de un confuso sistema de financiación autonómica. En este fondo se mezclan los ingresos obtenidos por el Estado con sus impuestos con los ingresos obtenidos por las autonomías con sus tributos cedidos. Un galimatías en el que es imposible discernir las responsabilidades y en cuyo reparto es determinante el modo de computar el coste del servicio.

Respecto a la opción ideológica del gobierno de turno, tampoco aquí los ciudadanos podemos discernir. En los presupuestos autonómicos no se disgregan los gastos sanitarios en función de su origen. No se puede saber si es un impuesto autonómico el que va dirigido a mejorar plantillas o retribuciones del personal sanitario.

Es cierto que en la vida no significa lo mismo entender que poder elegir. Pero toda elección exige de un entendimiento previo. En el ámbito sanitario los españoles hoy no podemos elegir porque prima la opacidad: en la forma de cálculo del cupo vasco y navarro; en la financiación autonómica; en los presupuestos autonómicos. Y donde prima la opacidad no hay entendimiento posible. Ni por supuesto elección. Espero que sí hayan podido elegir sus vacaciones. Buen verano.