Con motivo de la reciente tormenta de piedra, que tantos daños causó en el Bajo Aragón, recogía HERALDO unas palabras del párroco de Andorra, David Julián Rojas, en las que denunciaba una forma de actuar de algunos organismos de la Administración Pública que está teniendo consecuencias muy negativas. 

Decía el párroco que "cada temporal agrava la situación de la iglesia parroquial, que lleva años sufriendo la ineficacia y hostil burocracia de la Comisión Provincial de Patrimonio, algo que no ha pasado con la reposición del Torico en Teruel. No podemos esperar 8 o 10 años más entre papeles, llamadas sin responder, ineptitud y visión secundaria del patrimonio de la tercera población de la provincia". Esa sensación de alejamiento que siente el ciudadano respecto de muchos servicios de la Administración se ha visto agravada durante la pandemia. También después de ella, pues parece, en ocasiones, que se haya elevado una muralla que hace muy difícil la relación directa, la consulta de los problemas concretos y, por tanto, la respuesta ágil. Les lleva a pensar que están ante una burocracia hostil.

Basta leer el informe sobre el IMV (ingreso mínimo vital) elaborado por la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Señala que, dos años después de su puesta en marcha, esta ayuda deja fuera al 60% de los potenciales beneficiarios y al 78% de los hogares en riesgo de pobreza.

Para la Airef, la norma puede ser un instrumento potente contra la pobreza, pero le pone pegas importantes. No la han solicitado el 57% de los posibles beneficiarios "por la compleja gestión, que es difícil de implementar". Hogares que se encuentran cerca del umbral para acceder a esa ayuda se dan cuenta de los costes en términos de tiempo o de burocracia, lo que les hace plantearse si les compensa el beneficio que obtendrían. Es el miedo a la burocracia, que devora muchas iniciativas.

La Airef señala otro problema de planteamiento político. El Gobierno no ha definido "un objetivo claramente identificado". Traducida esa expresión técnica, lo que quieren decir es que los responsables políticos no se han planteado en qué porcentaje determinado quieren reducir la pobreza o si pretenden erradicarla por completo. Concluye la Airef que "ni siquiera han definido lo que se entiende por pobreza".