Europa y el gas ruso

Es un acierto que los países de la Unión Europea hayan sido capaces de acordar un plan para gestionar el gas natural en el caso de que Rusia corte por completo el suministro, sobre la base de la solidaridad y la flexibilidad. 

Sin embargo, no está nada claro cómo funcionará en la práctica el mecanismo si llega a producirse esa emergencia, ni que las medidas que puedan adoptarse resulten suficientes para evitar una grave crisis de abastecimiento en algunos países, con sus consecuencias sociales y económicas.

La Comisión Europea, que había planteado una propuesta que elevaba su perfil en la gestión de la política energética del bloque, ha tenido que dar marcha atrás ante las críticas de países que, como España, Portugal o Grecia, entendían que imponer un porcentaje de ahorro de gas uniforme no tenía sentido por cuanto lo ahorrado en un lugar no siempre podía transferirse a otro más necesitado. Los Estados acordaron ayer un plan de ahorro de gas en previsión de que este invierno Rusia pueda cortar por completo el suministro, pero se introdujeron excepciones para que cada país pueda adaptarlo a sus circunstancias. El Gobierno español, que mostró desde el primer momento sus reticencias al porcentaje de ahorro marcado por la Comisión, se ha comprometido ahora a una reducción del consumo de un siete u ocho por ciento, que deberá explicar cómo va a llevarse a la práctica.

Putin está jugando con la dependencia que de sus gasoductos tienen países como Alemania o Polonia, dentro de una estrategia para presionar a Europa. Ha ido reduciendo, con diversas excusas, el volumen de gas que envía y acaba de anunciarse una nueva disminución del que llega a través del Báltico. Si llegara a interrumpir el flujo, y a pesar de las medidas que pueda adoptar la UE, las consecuencias para la economía serían muy graves y afectarían a todos los países europeos.