Incongruencia parlamentaria

En el uso común decimos ‘incongruente’ para referirnos a expresiones sin estructura, desorientadas... con errores que podemos considerar menores; que producirán extrañeza pero los efectos de esta mala práctica normalmente no van más allá. 

La situación en muy distinta cuando usamos la palabra en el contexto jurídico. En derecho la incongruencia puede provocar la nulidad: que todo lo actuado ante un tribunal se tenga por no existente.

Por simplificar, congruencia significa que cuando un ciudadano se dirige a una institución del Estado ésta debe pronunciarse sobre lo que se le pide. Por tanto, cuando en sede parlamentaria se formula una pregunta, la contestación debe intentar una respuesta satisfactoria sobre su objeto.

‘Congruencia’ pertenece a una familia de palabras que contienen la idea de encuentro; la raíz latina ‘congruo’ que comparten ‘congreso’, ‘concordia’, ‘concordancia’… El fracaso de este encuentro se expresa con palabras como discordancia o discordia.

La falta de congruencia precisamente en el Congreso es una contradicción entre términos que comparten raíz. El Congreso no puede ser la sede de la discordia.

Las sesiones parlamentarias que tienen estructura de pregunta-respuesta (sesiones de control…) son un caso contante de falta de congruencia o de relevancia. Lo habitual es que se produzca una desconexión completa entre la pregunta y lo que se contesta; o que se utilice un lenguaje vacío con contenido ya descontado, que remite a vaguedades y que no añade nada relevante a lo que ya se sabe. Es cada vez más frecuente que la respuesta sea una repregunta.

Y la Presidencia no dice nada. Cada sesión hace más profundo y notorio el vaciamiento de sus propias funciones. Cuando se habla de la Presidencia se suele aludir a su neutralidad; me parece oportuno introducir algún matiz. Cierto que no debe dar un trato claramente más favorable a uno de los intervinientes, pero no creo que eso exija que se convierta en irrelevante. Porque en mi opinión en una confrontación parlamentaria no hay dos intereses protegibles, sino tres: Gobierno, interviniente de la oposición, pero también está en riesgo la actividad parlamentaria considerada en sí misma. La presidenta debe proteger a los grupos, pero sobre todo la propia actividad parlamentaria. ¿En qué se concreta esta defensa? Debe fijar las reglas de la discusión, que van mucho más allá de un reparto de tiempos mecanizable. Debe velar por que la confrontación dialéctica sea útil, sea productiva, por ejemplo interviniendo en defensa de la congruencia: para que la contestación corresponda con la pregunta. Para que la actividad de su institución sea ejemplar.

Lo que tradicionalmente hemos conocido como ‘exemplum regis’ sigue siendo un principio activo: la ejemplaridad de los gobernantes, de los poderosos, que lleva a su imitación en aspectos externos (peinados, vestuarios, gustos...) pero también en sus valores y comportamientos como administradores de lo común.

Por eso es tan grave que la presidenta del Congreso se inhiba y permita la degradación de la ejemplaridad parlamentaria. Que no intervenga para reprobar esos debates en falso. Creo que el concepto del fraude de ley puede extenderse para hablar de ‘fraude de parlamento’: cuando es notorio que la interacción de las intervenciones parlamentarias es mera teatralización que no produce ningún efecto. Cuando la falta de congruencia y relevancia es la regla. Cuando se distorsionan los hechos, y se ordena que los registros escritos de lo dicho no reflejen lo actuado. Cuando las actas de las sesiones son ‘afeitadas’ de expresiones feas, produciendo una incongruencia entre el registro escrito y el registro audiovisual. ¿Qué enseñanza se transmite? ¿Qué ejemplaridad? ¿Que las instituciones pueden manipular la realidad? ¿Dulcificarla?

Los profesores de oratoria lo tendrán complicado cuando sus enseñanzas sean contrastadas con lo que los alumnos escuchen y vean en los debates parlamentarios. Los que tengan que presentar las bondades del Estado social de derecho, la relevancia de la institución parlamentaria, tendrán que remontar la experiencia de los alumnos que siguen sin ver la utilidad de un debate impostado en que se elude la confrontación, el contraste efectivo de posiciones, porque la incongruencia se ha instalado en el Congreso.