Durante estos turbulentos años no han hecho sino aumentar las desigualdades entre todos, la infancia incluida. 

Los informes de entidades tan serias como Unicef, Save the Children, Oxfam, Cáritas, etc., lo corroboran: quienes habitan en los barrios marginales de las grandes ciudades han visto bastante incrementados sus riesgos de deterioro vivencial. Decir que España se encuentra a la cabeza de la pobreza infantil de Europa, por detrás de Rumanía y Bulgaria, causa pena y dolor. Aquí uno de cada tres menores de 18 años no solo viven en hogares donde sufren pobreza monetaria, sino que carecen de acceso a una atención sanitaria de calidad pública y gratuita, no pueden encaminar su educación obligatoria, habitan en viviendas sin dotaciones y servicios, o no disfrutan de una dieta sana y equilibrada de los nutrientes que sus edades exigen.

A pesar de que diversas instituciones estatales y autonómicas, junto con entidades sociales sin ánimo de lucro, se han empeñado en mejorar las condiciones materiales, el hecho es que más de dos millones de menores de 18 años viven en España bajo el umbral de la pobreza moderada y más de 400.000 se encuentran en situación de pobreza severa. Lo dice el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. También ha divulgado que su objetivo para 2030 consiste en bajar en 8,6 puntos porcentuales las actuales tasas de riesgo de pobreza o exclusión social infantojuvenil respecto a 2019, cuando se situó en 30,3%. Veremos, porque supondría restar 713.000 niños y niñas de los que ahora se encuentran en esta situación.

Si así fuere se cumpliría el compromiso de la UE llamado ‘Garantía Infantil Europea’. Su intención es romper "los ciclos intergeneracionales de pobreza y desventajas" debido a situaciones que se repiten: niños y niñas que crecen en situaciones de pobreza y exclusión; lo cual genera desventajas en educación, desarrollo y capacidades; lo cual provoca abandonos de estudios y dificultades para encontrar trabajos; después acaban en paro de larga duración o en empleos mal remunerados; lo que a su vez genera más pobreza y exclusión para sus familias actuales y futuras. No olvidemos a los niños y niñas sin hogar, a quienes conviven con diversas discapacidades, a los migrantes o pertenecientes a minorías étnicas, a quienes viven en centros de acogida y cuando cumplen la edad siguen caminos dispersos y, en general, a cualquier menor de 18 años que permanece largo tiempo en situaciones precarias. La UE se empeña en que en 2030 se reduzca a 15 millones de personas, un tercio serán niños y niñas, quienes se encuentren en riesgo de pobreza o exclusión social. Para lograrlo anima a los países a utilizar los Fondos Europeos y otros mecanismos. Todo esto se formulaba antes de la invasión rusa de Ucrania; ahora se incrementarán las necesidades.

A la vez que otros males, la pandemia y la guerra oscurecieron la dimensión del problema infantil. Los medios de comunicación recogieron hechos concretos de la infancia no problemas estructurales. Primaron la información fácil y el debate sobre ciertas controversias políticas por corruptelas o maniobras diversas. Olvidaron invitarnos a pensar y actuar en colectivo, maniobra tan imprescindible cuando se trata de evitar daños a un sector de la población especialmente frágil. Afortunadamente, en Aragón hay cargos políticos y responsables administrativos, desde el Gobierno y las Diputaciones hasta el más pequeño ayuntamiento, que no se dispersan del todo en la discusión ante temas que afectan a la infancia y adolescencia en riesgo de pobreza. Pero falta bastante por concertar y hacer.

Desde aquí animamos al consenso político para dar buen uso a los casi 7 millones de euros que van a llegar en 2022 para programas de protección a la familia, para la atención a la pobreza infantil y para asegurar las prestaciones básicas de servicios sociales. Aragón sí reconoce sus rincones de la pobreza infantil y actúa, aunque siempre faltarán recursos. Aquellas comunidades que los niegan no sabrán responder a las nuevas incertidumbres abiertas con la meteórica escalada de los precios en productos básicos, que está provocando daños en las familias con menos recursos, que no son pocas. Ya ronda sobre ellas el fantasma de la crisis alimentaria y se habla de la posible epidemia de hambre.