Muchos bienes y servicios sanitarios son públicos porque la empresa privada, o no los produce, o lo hace en una cantidad ineficientemente baja, como pasa con la educación, la justicia, la defensa nacional, la protección del medioambiente, la seguridad vial, las infraestructuras y otros sectores.

Sin embargo, la eficiencia no lo es todo. Tan importantes, o más, son la equidad y la función cohesiva de los servicios públicos. De modo que, respecto a la sanidad, cabe sostener que la gente acepta ingresos bajos y moderados, a cambio de no quedar desamparada en caso de calamidad. Y este amparo colectivo queda en entredicho, por ejemplo, si hay que esperar doce días para recibir una consulta de atención primaria.

Esos doce días, que antes eran uno o dos, al igual que los meses que tarda en llegar una visita especializada, una prueba diagnóstica, o una intervención quirúrgica, evidencian la degradación de la sanidad pública, solo contrapesada, en parte, por el esfuerzo solidario de sus profesionales. No en vano, los servicios de urgencia, desvirtuados y saturados, se han convertido en un recurso habitual. Mientras tanto, se expande la idea de que el seguro privado es una buena alternativa, no siéndolo para casi nadie, sobre todo, cuando son precisos medios que solo el conjunto de la sociedad puede sufragar.

Bien está avanzar en los derechos individuales, fomentar las artes, e incluso proyectar estadios y olimpiadas, pero priorizando aquello que evita la desesperación y la fractura del país, máxime, en tiempos críticos, cuando el oportunismo totalitario sale de caza