Del voto y del espectáculo
Son muchas las cuestiones que deberían comentarse alrededor de la aprobación de la reforma laboral, comenzando por las más que serias dudas que plantea su aprobación por decreto-ley.
Pero me voy a concentrar en la cuestión que ha resultado más polémica, el error en el voto del diputado Casero. A falta de la correspondiente constatación por los servicios de la Cámara, se puede presumir que se trata de un fallo humano. La cuestión está en, si advertida la Presidencia tempranamente, era posible o no repetir la votación. Personalmente, siempre he defendido que las votaciones no deben repetirse. De lo contrario, se abriría una grieta especialmente perjudicial para las minorías y su protección es la esencia del Derecho parlamentario. El problema viene dado por una cuestión normativa y otra formal. Como es posible advertir en la autorización que recibió el diputado, la norma en vigor sobre el régimen de la votación telemática, es la Resolución de la Mesa del Congreso de 21 de mayo de 2012. De acuerdo a la misma, el sentido del voto telemático debe ser ratificado telefónicamente y el diputado que hubiese ejercido esta modalidad, podría pedir a la Mesa hacerlo de forma presencial. Una redacción confusa, ya que parece permitir algo cuestionable como la opción de repetir la votación. Junto a ello, hay que considerar que el diputado advierte el error antes del inicio de la votación presencial y da cuenta a la Mesa. En todo caso, la decisión sobre la posible votación presencial correspondería a la Mesa y no a la Presidencia.
Los problemas no acaban con la interpretación de esa norma. La pandemia ha originado cambios importantes en el funcionamiento de las instituciones parlamentarias. En lo que a estas líneas interesa, con dos consecuencias desafortunadas. Por un lado, la multiplicación del voto telemático; por otra, una alteración del sistema de fuentes interno, posibilitando la confusión por inexistencia de un marco jurídico claro. La proliferación del voto telemático provocó que uno de los presupuestos de la resolución mencionada, la ratificación telefónica del sentido del voto, fuese eliminado y sustituido por una doble comprobación informática. Y así se ha venido haciendo en los dos últimos años. De esta manera, unos y otros pueden poner encima de la mesa argumentos aparentemente consistentes: el tenor literal de una norma vigente frente a los usos unánimemente aceptados durante los dos últimos años. En mi opinión, el ya mencionado principio de protección de las minorías; la contradictoria redacción de la resolución; y un uso aceptado por todos y sólidamente consolidado, posibilitan una argumentación contraria a la repetición de la votación. Pero los argumentos basados en la literalidad de la resolución de 2012 son sólidos y avalan una interpretación favorable al sentido auténtico del voto. Junto a ello, es evidente que se debería haber convocado a la Mesa, único órgano competente para decidir.
En el momento de extraer conclusiones, es preciso distinguir dos planos. En primer lugar, es preciso reflexionar desde la perspectiva interna de la Cámara. Desde esta posición, resulta evidente que se deben rectificar normas y conductas. La seguridad jurídica es esencial. Mucho más si las normas se refieren a algo tan fundamental como el voto. Es obvio que se necesitan reformas al respecto. Una reforma que, en mi opinión, debe ser muy restrictiva con el voto telemático. El Parlamento es presencia. Votar fuera del hemiciclo y en tiempo distinto al resto de los diputados sólo puede ser algo muy excepcional. Finalmente, es preciso que se recupere un tono que pueda calificarse como de civilizado. Lo oído estos días de unos y otros es inaceptable. Ni pucherazo ni compra de votos. Argumentos y razón. La sesión del pasado día 3 pasará a la peor historia de nuestro parlamentarismo y es un grave estímulo para quienes buscan erosionar nuestro sistema institucional.
En segundo lugar, lo sucedido vuelve a poner de manifiesto el condicionante más relevante de la política española. Un gobierno, el que sea, necesita de mayorías estables en el Parlamento. Hoy, no existe esa mayoría. Además, buscarla en fuerzas que no tienen ninguna vocación constructiva en relación con el Estado es muy peligroso. Para el Estado y para el propio Gobierno, ya que no dudan en abandonarlo si consideran que les interesa. La situación es grave y no hay motivo alguno de celebración. Desde ya debe comenzarse a trabajar por urdir las complicidades necesarias para que este país goce una estabilidad firme, asentada sobre una amplia mayoría social.
