Bajo el placer que destila el espectáculo televisivo, gustándose y aferrado a su característico populismo disfrazado de bonachonería, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, empleó buena parte de la entrevista que Pablo Motos le realizó en ‘El Hormiguero’ para explicar los desequilibrios que sufre la España interior. 

La financiación autonómica, una temática chirriante en un programa de entretenimiento donde la guasa forma parte del espectáculo, obtuvo un inesperado protagonismo en pleno ‘prime time’.

La anécdota de la entrevista a Revilla del pasado miércoles en Antena3, reflejo de los inescrutables caminos que toma la política, confirma lo mucho que se juega una parte del país con la reforma del sistema de financiación autonómica propuesta por el Ministerio de Hacienda, pero también anticipa la presumible batalla que las comunidades del interior están dispuestas a librar.

Convertida en permanente queja de las comunidades sujetas al régimen general, la financiación autonómica, en situación de caducidad desde 2014, es mucho más que el empeño por un reparto justo del dinero del Estado. Con una indiscutible capacidad para moldear los territorios, la financiación habla del diseño de España, de la oportunidad de superar el modelo radial –sostenido en una mirada nacida desde Madrid y que se eleva hasta las comunidades más pobladas del litoral–, y del impulso a un crecimiento que exige una redistribución.

Resultado de la evolución económica de los últimos siglos, la España del XXI cuenta con la oportunidad de corregir un desequilibrio histórico que necesita más de un gran pacto de Estado que de un futuro acuerdo in extremis en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La propuesta del Ministerio, que gana en sensibilidad al elevar la ponderación de las exigencias sanitarias, educativas o asistenciales frente al siempre incompleto y aséptico reparto por número de habitantes, tendrá muy difícil imponerse si carece de un acuerdo previo de los grandes partidos. Siendo aún demasiado pronto para asegurar si Aragón resultará especialmente beneficiada con el nuevo modelo –tal y como señala la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)–, el cálculo habría de esforzarse por garantizar no solo una igualdad en el trato, sino la superación de la bilateralidad y el parcheo político como mejor fórmula de la negociación presupuestaria.

Si bien las ocho comunidades agrupadas en el ‘Pacto de Santiago’ (Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cantabria, La Rioja y Aragón) confirman que el color político poco importa cuando las necesidades se descubren comunes, apenas se avanzará si Pedro Sánchez y Pablo Casado no aceptan la magnitud de un reto político que debería diseñar una España sin primeros ni segundos.

Sin voluntad política, la tensión negociadora en el seno del Consejo de Política Fiscal o las aportaciones que realicen las comunidades a las 240 páginas de la propuesta ministerial serán insuficientes. El momento y la oportunidad, coincidentes por primera vez desde hace años gracias a las ayudas de la UE, permiten pensar en un acuerdo, pero que nadie se engañe: la financiación solo se arreglará a golpe de talón. Ninguna comunidad aceptará un recorte de sus actuales ingresos y, menos aún, estará dispuesta a hablar de reequilibrios territoriales si antes no se corrigen las fuerzas centrífugas.