Exigencias administrativas
La necesidad de reformar nuestras estructuras burocráticas es una conclusión compartida desde hace tiempo.
La antigüedad del modelo de función pública; la contaminación política de instancias que deberían ser estrictamente profesionales; la excesiva complejidad de procedimientos y normas; las dificultades derivadas de la implantación de la Administración electrónica… son solo algunas de las circunstancias habitualmente mencionadas. Pero a pesar de la evidencia y gravedad de algunos de esos problemas, no se ha hecho nada. Ningún gobierno, de ninguna instancia territorial, ha avanzado en la resolución de los problemas. Hasta el inicio de la pandemia, las rutinas y el buen hacer de una parte mayoritaria de los empleados públicos sirvieron para que las consecuencias fuesen controlables. Al menos, el día a día se resolvía y se podía llegar al autoengaño de que no era preciso cambiar nada. Pero desde marzo de 2020, todo es diferente. Con la pandemia se han puesto en evidencia déficits profundos cuya resolución no admite demora.
Como suele suceder, un acontecimiento extremo ha servido de prueba de estrés. Durante la pandemia, la Administración se ha visto en la necesidad de dar un salto cualitativo en su dimensión telemática, incluso en áreas impensables como sanidad o educación; ha demostrado insuficiencias objetivas de gestión y ha requerido de un aporte científico del que carece, por citar solo alguno de los problemas detectados. Retos antiguos y nuevos que serían, son, suficientes para volver la mirada y la reflexión a nuestro modelo administrativo. Acabó la fase aguda de la epidemia y hoy el desafío que supone la compleja gestión de los fondos europeos exige una respuesta casi inmediata. Tengo la sensación de que ni en el Estado ni en las comunidades autónomas se llega a reparar en el hecho de que si no se refuerzan medios y se modernizan procedimientos será muy difícil aprovechar siquiera medianamente esos fondos. Las extraordinarias dificultades para implementar el Ingreso Mínimo Vital reflejan con claridad lo que puede suceder si no se hace nada.
La necesaria respuesta de coyuntura debería hacerse en el marco de una reflexión más profunda sobre el deber ser de nuestro modelo administrativo en una sociedad que tiene poco que ver con aquella para la que fue diseñado el existente. No me es posible enumerar todas las cuestiones que deberían afrontarse, por lo que me limitaré a subrayar tres. La primera, y más relevante, es la relativa a la función pública en el más amplio sentido de la palabra. Una reforma que, a su vez, tiene dos dimensiones. Una cuantitativa (valoración de necesidades y redistribución de efectivos donde sea necesario) y otra cualitativa. Es preciso transformar el actual modelo primando la cualificación. Son necesarios más técnicos superiores y de perfiles más diversificados. Una exigencia trasladable al resto del personal. Lógicamente, ello debería ir acompañado de profundos cambios en carrera y estatus. En segundo lugar, las distorsiones provocadas por cómo se ha implantado la Administración electrónica. Todos hemos sufrido las consecuencias de un modelo que se ha alejado de la homogeneidad y simplicidad necesarias y que, además, no tiene en cuenta la brecha digital. Finalmente, haré siquiera mención a la necesidad de incrementar el apoyo de soportes de estructuras y organismos independientes que puedan aportar a funcionarios y políticos los datos precisos para una mejor adopción de decisiones. La epidemia solo ha puesto en evidencia lo que es una necesidad ineludible en el actual modelo social.
He aludido al problema que para una adecuada gestión y mejor aprovechamiento de los fondos europeos supone tener una estructura administrativa objetivamente anacrónica y, en muchos casos, deficitaria en medios. Los fondos tienen como objetivo la transformación estructural del Estado. Afrontar en profundidad la reforma de la Administración y del conjunto de nuestras estructuras burocráticas, dotándolas de los medios y procedimientos precisos para afrontar los retos derivados de una sociedad en cambio, debería ser uno de los proyectos a desarrollar. Una administración eficaz, moderna, es el presupuesto necesario para el éxito de cualquier política pública.
