Pedro Sánchez y las vicepresidentas Yolanda Díaz y Nadia Calviño han llegado a un acuerdo para «derogar la reforma laboral de 2012». Esto supone que Economía asume que la base sobre la que se trabajará es lo que ha negociado hasta ahora el equipo de Díaz con empresarios y sindicatos, pero el PSOE deja claro también que quiere que esté la patronal a toda costa en el acuerdo. El comunicado del Gobierno añade, además, que la derogación se realizará «en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea». El Ejecutivo tendrá que concretar qué va a hacer realmente, porque estos dos documentos no coinciden. De cualquier modo, no se debe aprobar una reforma laboral sin consenso entre sindicatos, patronal y Gobierno.

España tiene todavía 3,4 millones de parados, a los que hay que sumar los afectados por ERTE y los autónomos en cese de actividad. Es el país europeo con más paro junto con Grecia. Hay que analizar, pues, sin apriorismos ideológicos las causas de que esto sea así y corregir lo que sea necesario. De ahí tendría que salir una legislación laboral que logre combinar el aumento de la seguridad para el trabajador, con la calidad del empleo como objetivo, y la flexibilidad que permita incrementar la competitividad y la consiguiente reducción del paro. No se trata tanto de derogar la reforma laboral de Rajoy como de mejorarla. Lo lógico, y lo que pide la UE, es apuntalar el marco legal con las modificaciones necesarias que permitan reducir los elevados niveles de temporalidad laboral y de desempleo juvenil. En consecuencia, es fundamental encontrar un equilibrio entre los intereses de los empresarios y las reivindicaciones sindicales. El consenso debe prevalecer para pactar entre todas las partes un marco legal que infunda confianza y favorezca la creación de empleo estable y de calidad.