No es una parodia. 

En la pantalla se ve a la magistrada, en su casa, vestida con un chándal. Se aprecia que es madre ocupada, porque se ve a un crío corriendo por allí. El abogado defensor está asimismo en un escenario doméstico, audible, pues suenan las voces de una mujer que pregunta desde la cocina cómo quiere la pasta para comer. Es un juicio, un juicio formal con todas las de la ley (al menos, de la italiana). Si sucediese en España, los improperios hubieran llenado las tertulias de actualidad y no pocas columnas de opinión. Quizá en España falte ‘finezza’ y en Italia sobre informalidad.

El caso lo contó el lunes Manuel Bellido, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), ante una comisión de las Cortes de Aragón. Lo propuso como ejemplo de lo que no debe hacerse ni con pandemia ni sin ella. Su exposición, con el coloquio posterior, duró casi hora y media. La hace cada año, por deferencia con las Cortes, no porque esté obligado. Es pura cortesía. Detalle que debió subrayar debidamente el presidente de la Comisión. Al no hacerlo, queda la impresión de que el presidente del TSJA ha de rendir cuentas ante el parlamento autonómico, lo que no es cierto en modo alguno, pues representa al Poder Judicial del Estado.

En el coloquio, donde intervinieron todos los partidos, algunos diputados (solo algunos) le plantearon cuestiones de interés.

Itxaso Cabrera (Podemos) inquirió sobre las respuestas de los Tribunales Superiores a las restricciones de libertades por causa de la covid: lo que en algunas partes de España es legal, en otras, no. Bellido no vaciló: la legislación sobre Salud pública es mala, incompleta y vieja. Se hizo en 1986 para afrontar el sida y su asociada, la tuberculosis oportunista, y cuando las competencias sanitarias estaban muy centralizadas. Una incógnita quedó pendiente: ¿por qué el Gobierno no ha impulsado con toda urgencia la mejora de esa ley momificada y perjudicial?

Carmen Martínez (CHA) apuntó algo que, al parecer, nadie ve: los fondos de la UE se dirigen a mejorar los tribunales en que las cosas van mal, de modo que, en realidad, penalizan el buen trabajo. La respuesta fue dolorosa: "Desgraciadamente es así". Cuando los datos son malos, debería discernirse si lo son por precariedad o "porque no se trabaja bien". Esto último debería impedir esas ayudas. Y en cuanto a los delitos de odio, ahora tan en boca de todos, Bellido subrayó algo que parecerá raro a quienes tienen la lengua demasiado rápida: si un delito es realmente o no de odio se sabe con certeza solo al final del proceso, no a su comienzo.

A Beatriz García (Ciudadanos) le preocuparon las herramientas informáticas. También en esto Bellido fue muy claro: la herramienta necesita tres requisitos: calidad de los programas, formación adecuada de los usuarios (los intervinientes en el proceso y sus trámites) y asistencia técnica, buena y rápida, si no responde el sistema. "Si falla alguno de estos pilares se cae en la brecha digital". La asistencia técnica es deficiente: el sistema Avantius lo desarrolla una empresa navarra y su primer escalón de ayuda es aún precario.

David Arranz (Vox), que dijo ser abogado, planteó lo poco que se recurre a la mediación, evitadora de juicios y Bellido fue cortante: casi ningún abogado es favorable a mediar y por eso no lo proponen a sus clientes. Queda claro.

El TSJA, creado en 1998, ha tenido cuatro presidentes: J. R. San Román, riojano, y Benjamín Blasco, Fernando Zubiri y Manuel Bellido, aragoneses. Desde hace un tiempo, tienen consideración de magistrados del Tribunal Supremo (sin efectos económicos). Los cuatro han venido ejerciendo de forma eficaz y discreta. El primero, de talante cordial y sensibilidad democrática, creyó conveniente informar, en persona y cada año, a las Cortes de Aragón sobre el curso judicial. Blasco, reputado laboralista, dejó de hacerlo por ser pública la memoria de las actividades del TSJA; acaso pensó también que su presencia en las Cortes parecería dependencia, que no existe en ningún grado. Mantuvo ese criterio Fernando Zubiri, distinguido por la Facultad de Derecho como juez y docente destacado; pero, cuando el Estatuto de Aragón estableció que el presidente del TSJA ‘podrá’ comparecer, retomó el uso primitivo, que Manuel Bellido ha mantenido.

En fin. Bellido no se privó de decir, al ser preguntado por ello, que su criterio sobre el patológico estancamiento del Consejo General del Poder Judicial es que debe ser renovado de inmediato, para cumplir con la ley, aminorar la desconfianza de ciudadanos e instituciones en este órgano fundamental del Estado de derecho y borrar la imagen de politización de la Justicia que daña nuestra fama como país, dentro y fuera de España. Debería renovarse, añadió, de acuerdo con lo que recomiendan "las instancias europeas". A ver, si no.

Se oyeron otras intervenciones sin interés, atentas a la exhibición del talento propio. E incluso hubo quien reprochó al compareciente que hubiera presentado en septiembre la memoria anual con restricciones sanitarias. Un portento.