Presupuestos del bienestar

No es la primera vez, y me temo que no será la última, que António Guterres, secretario general de la ONU, ha advertido de que el mundo debe despertar: "Nunca ha estado tan amenazado. Estamos al borde de un abismo y moviéndonos en la dirección equivocada".

Considera que la urgencia por superar la pandemia está acelerando nuestra capacidad autodestructiva. Añadía, en la última Asamblea General, que caminamos hacia la cumbre del clima de Glasgow COP 26 sin compromisos adecuados y con datos muy preocupantes. El debate está abierto desde hace tiempo dado que, cada vez más, se considera que consagrar el PIB como único instrumento de medición del desarrollo debería revisarse. Hay un país dirigido por una mujer, Jacinda Ardern, que es ejemplo de este cambio de paradigma y, como consecuencia de ello, ha abandonado la doctrina del crecimiento económico a cualquier precio y ha trabajado con los denominados ‘presupuestos del bienestar’. Con ellos se antepone a cualquier otro objetivo de crecimiento el de aumentar el bienestar de las personas, multiplicando las inversiones en gasto social y protección del medio ambiente.

En mayo de 2020, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, presentó los denominados presupuestos del bienestar. Unas cuentas que, por primera vez, pusieron el foco en intentar atajar los problemas más acuciantes de sus casi cinco millones de habitantes: la salud mental de la población, la lucha contra la pobreza infantil, el apoyo a las comunidades indígenas, la transición a una economía baja en emisiones y, por tanto, la lucha contra el cambio climático, y el impulso de la innovación. Así, Nueva Zelanda abrió la brecha de cara a cambiar el modelo económico para hacerlo más humano y sostenible, y, sin duda, lo que hacen falta son nuevos indicadores que estén al servicio de las personas y del planeta. Sus ciudadanos aprobaron su propuesta, dado que en las elecciones de septiembre del 2020 el Partido Laborista de la primera ministra obtuvo un 49% de los votos. En su discurso ante miles de seguidores en el Ayuntamiento de Auckland, Ardern dijo: "No han sido unas elecciones ordinarias ni se trata de un momento ordinario. Ha estado lleno de incertidumbre y ansiedad y nosotros hemos representado el antídoto a todo esto. Como nación necesitábamos un plan para la recuperación, y esto es lo que hemos creado".

Parece posible y los ciudadanos responden con su voto cuando se incorporan otros indicadores que tratan de repensar la economía, teniendo en cuenta otros valores y dimensiones, y midiendo de distintas maneras lo que se entiende por nivel de crecimiento y bienestar de un país. Desde los índices impulsados por la ONU, como son el de desarrollo humano (PNUD), el de desarrollo de género o el de igualdad o pobreza, hasta el índice mundial de la felicidad.

En nuestro país, tristemente, leemos noticias como esta: "Doce autonomías redujeron el porcentaje del presupuesto para políticas sociales en el año de la pandemia. Madrid y Cataluña se sitúan a la cola del gasto social por habitante con un 17,5% por debajo de la media de España". Aquí, por el contrario, parece evidente que la pandemia no ha servido de revulsivo para recuperar el Estado del bienestar que se llevó por delante la crisis económica a partir de 2009. Los datos reflejan otra realidad: en plena crisis sanitaria y social, el porcentaje del presupuesto que las comunidades autónomas destinaron en 2020 a políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales) disminuyó un 2% respecto a 2019. Son datos aportados por un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, basado en los datos oficiales del Ministerio de Hacienda.

Y seguimos, dado que nuestro debate en este tiempo de presentar presupuestos es discutir y posicionarnos ante el posible cambio de la ley de financiación autonómica. Hoy más que nunca es necesario un sistema que garantice una sólida capacidad fiscal del Estado para lograr unos servicios públicos de calidad, compatible con garantizar la autonomía y suficiencia financiera de las comunidades autónomas, que deben funcionar bajo el principio de corresponsabilidad, servicios esenciales semejantes, bajo el supuesto de que la presión fiscal sea también similar. Como también, una vez más, señaló Irene Vallejo al recibir el Premio Heraldo de Aragón en Valores Humanos: "Cuidar es uno de los principales valores, pensar en términos de apoyo mutuo".