Además de los fallecimientos y las severas consecuencias sobre la salud de los miles de afectados, la covid ha quebrado económicamente a una parte significativa de la sociedad aragonesa abriendo una nueva brecha social. 

A las situaciones de paro o de regulación temporal de empleo se añade una falta de oportunidades que la recuperación de la actividad aún tardará en revertir. Atender a los colectivos más desfavorecidos, afectados por una nueva pobreza originada por culpa de la pandemia, es una obligación de las administraciones y reto social que debe ser compartido. La superación de la enfermedad no será completa si la sociedad se olvida de aquellos aragoneses que han sufrido doblemente los efectos de la pandemia.

Las cifras y las muchas evidencias que pueden observarse en los centros asistenciales explican a la perfección las consecuencias de una pandemia que obligó a paralizar la actividad económica para proteger la salud de los aragoneses. Aquellos que se sostenían en las economías más frágiles fueron los primeros golpeados por una crisis que, pese a los actuales niveles de crecimiento, aún no ha logrado extenderse en forma de recuperación. 

Preocupan los colectivos más desprotegidos, aquellos que carecen de una red social o familiar que pueda ayudarles y, en especial, los menores, víctimas silenciosas de las situaciones de desigualdad. Aragón, que cuenta con una extendida red asistencial pública, completada por docenas de asociaciones y voluntarios, se enfrenta a una realidad que requiere de más medios y presupuestos. La apuesta por la superación de los efectos de la crisis exige, a su vez, un repetido esfuerzo de integración en el mercado laboral y de un acceso a la vivienda. La lucha contra la desigualdad, que no entiende de colores políticos, debe mostrarse presente en la agenda de los partidos.