Pedro Sánchez dice de sí que es un político «que resuelve»: pero la realidad es otra. La reforma de la Administración es asunto pendiente esencial: hace falta un giro en la opinión pública, cierto, pero también que el Gobierno tome la iniciativa, lo que no hace. Y la Administración en general está hecha un desastre.

Casos hay a montones. Es difícil admitir que en la Administración local haya unas 3.000 plazas de secretarios e interventores de ayuntamiento sin proveer y el Estado convoque cada año solo 204 plazas (BOE del 28 de julio de 2021). Los continuos traslados de interinos impiden que los que ejercen puedan conocer el ayuntamiento y hacer planes en él. Por falta de personal las renovaciones de tarjetas de residencia de los más de cinco millones de extranjeros que trabajan en España se atienden con plazos imposibles a pesar de la urgencia. Y para los recién inmigrados hacer la solicitud es la vía para entrar por la puerta de atrás. Muchas oficinas de la Administración central (por ejemplo la DGT) provincial estuvieron cerradas durante más de tres meses por la pandemia: ahora, con el mismo personal, son incapaces de dar salida a los expedientes acumulados en esos meses. Por el mismo motivo, en los juzgados hay ya más de tres millones de juicios por resolver, colapso casi total, retrasos insoportables. El pago puntual de los expedientes de regulación temporal de empleo por el organismo encargado, el SEPE, es una utopía a pesar de que es dinero urgente para los trabajadores. En cuanto a la solicitud y concesión del ingreso mínimo vital, que solo se puede hacer por vía telemática y afecta a las capas más pobres de la sociedad, es otro desastre. Más de la mitad de los solicitantes, unos 250.000, no han podido ser atendidos. Su desesperación es comprensible.

Para más vía crucis muchos jefes de oficina y servicio, que no son elegidos por méritos sino nombrados a dedo por cada gobierno, han descubierto las virtudes del teletrabajo, que sí, es una opción útil a veces, pero aplicada en una Administración con falta de personal y muchos interinos detrae la atención personal directa, que es la más efectiva. La productividad del trabajador aumenta aparentemente porque no tiene ventanilla, pero se mantiene la obligatoriedad de la cita telefónica previa, que es un completo abuso administrativo y legal. La otra solución, el uso de una aplicación de ordenador vía internet, con mucha frecuencia es peor aún: las aplicaciones, hechas sin directrices de confección, son de uso casi imposible para el ciudadano común, establecen criterios de acceso incomprensibles o inadecuados o están colapsadas. Los jefes de servicio dan la orden, la justifican con adjetivos políticamente positivos («sostenible», «transparente», «autosostenible», «ágil», «el fin del papel», todo eso) y luego se desentienden.

¿Nadie sabe que el analfabetismo digital existe? El sistema del papel debería ser supletorio o una opción, pero no eliminarse siempre como se hace. Muchos ciudadanos no tienen ordenador, o no saben manejarlo, o no tienen internet, o no tienen un vecino o familiar con conocimientos informáticos, o no tienen certificado electrónico/sistema cl@ve/sistema usuario y contraseña/sistema DNI electrónico. Son numerosos los que, desesperados, se ven obligados a recurrir a voluntarios de Cáritas, de Ozanam, de otras entidades benéficas, para poder cumplir con lo que se les pide hacer solo por internet. ¿Para cuándo una ley que obligue a la Administración a relacionarse con los ciudadanos con lenguaje comprensible y aplicaciones informáticas accesibles? No todo va mal, cierto: algunas aplicaciones mejorables son mejoradas por el servicio correspondiente, pero la mayoría están escritas para los propios funcionarios, no para los ciudadanos.

Hace falta una reforma de la Administración pública que modifique radicalmente el sistema de oposiciones, suprima los puestos inamovibles por contratos similares a los que hay en casi toda Europa; confíe realmente en la responsabilidad de los que reclutan a los nuevos (con controles), y provea solo por méritos los puestos por debajo de dirección general o equivalente para lograr un funcionamiento ordinario independiente del color político del gobierno. Todo esto hoy es imposible con este Gobierno porque ni tiene votos suficientes en el Parlamento ni piensa buscarlos.

Cada uno puede actuar ya, sin embargo: entren en el portal de transparencia del Congreso o en el de las Cortes de Aragón y empiecen a hacer preguntas. Se puede por ley (BOE ley 19/2013 de 9 de diciembre, BOA ley 8/2015 de 25 de marzo).

Guillermo Pérez Sarrión es catedrático de la Universidad de Zaragoza