Desbarajuste normativo

No resulta difícil admitir que los toques de queda que el Gobierno de Aragón quería ordenar en las localidades más afectadas por la pandemia son una medida acertada.

Implantados a su debido tiempo, ayudarían a frenar los contagios, como demuestra la experiencia del tiempo en que esa medida ha estado en vigor en todo el territorio nacional. Pero el Tribunal Superior de Justicia los ha rechazado y, aunque los argumentos jurídicos puedan ser dicutibles, no tiene sentido echar ninguna culpa a los jueces, cuya misión es interpretar la ley y proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos.

No, la culpa la tienen quienes no han sabido, o no han querido, cuando llevamos casi año y medio de pandemia, establecer una normativa que permita a las autoridades sanitarias tomar con agilidad las medidas más efectivas en cada momento y lugar, asegurando al mismo tiempo que la limitación o suspensión de derechos fundamentales se haga, cuando tenga que hacerse, con las debidas garantías. Ni el Gobierno de la nación ni los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados han sido capaces de realizar esa tarea elemental para la gestión de la crisis sanitaria. Y la consecuencia es el despropósito que podemos ver: la autoridad sanitaria no tiene instrumentos jurídicos efectivos para reaccionar como sería necesario hacerlo.

Si hace un año el desbarajuste normativo podía ser, en alguna medida, comprensible, en estos momentos no tiene ya pase ni perdón.