Indultos e inspección
Los indultos concedidos por Sánchez a los golpistas catalanes solo se explican por la ceguera de la izquierda hacia el nacionalismo.
A principios de los años ochenta dos políticos socialistas, Enrique Múgica y Alfonso Guerra, tras la aprobación de la Constitución de 1978 y en circunstancias de confianza, tramitaron las competencias educativas creyendo configurar un Estado que de hecho iba a ser federal. Contaban con lealtad constitucional y no previeron la deslealtad que sobrevendría de Jordi Pujol, jefe de CiU, que impulsó un programa de recatalanización excluyendo el uso del castellano y controlando los libros de texto de ciencias sociales e historia cuyo contenido quedó al servicio del nacionalismo independentista. El programa fue desvelado por ‘El Periódico’ el 28 de octubre de 2000 y el programa Enfocats, descubierto en el golpe de Estado, mostró que en 2017 el plan del 2000 continuaba.
El resultado de la manipulación de los libros de texto en la enseñanza primaria y secundaria es que los estudiantes catalanes de hecho no estudian historia de España, sino historia de Cataluña en sus relaciones con España, además mitificada y falsificada. En consecuencia, cada año varios miles de estudiantes catalanes acaban el bachillerato con la conciencia de hacerlo en un país propio, distinto del resto de España, cuyo destino manifiesto es la independencia. Es una fábrica de independentistas. No es de extrañar que la estrategia de personas como Oriol Junqueras sea esperar simplemente: los votantes de las zonas en torno a Barcelona, herederos de la vieja inmigración de los sesenta, van desapareciendo y la mayoría de los que ingresan en el mercado de votos ha recibido la educación manipulada. Y como dice Iceta, cuando los independentistas sean un 60%, "habrá que hacer algo".
No es difícil encontrar ejemplos en los libros de texto. Leamos la siguiente barbaridad de un libro sobre el matrimonio de los Reyes Católicos en 1469 y la unión dinástica: "En teoría no había cambiado nada: había un rey en la Corona de Aragón y una reina en la Corona de Castilla; es decir, dos reyes y dos estados. En la práctica, la única diferencia era que desde ahora ya no eran rivales sino socios". Se mantiene la ficción de que el Estado catalán era soberano (nunca lo fue: la única fuente de soberanía era siempre el rey) y cuando llega la guerra de Sucesión los textos vuelven a clamar sobre "el fin del Estado catalán", la "pérdida de la independencia política", el "fin del Estado catalán independiente y la anexión de sus territorios a la Corona española", o "Cataluña pierde su independencia política".
El Gobierno Sánchez-coalición Frankenstein conoce todo esto y no actúa. En el Ministerio de Educación existe un servicio, la Alta Inspección en Educación, creada en 1981, que tiene entre otras competencias la revisión de la normativa autonómica y los contenidos de los libros de texto, pero el Ministerio deliberadamente no tiene inspectores: no provee los puestos.
La Alta Inspección informa por ley al ministro de Educación, que está enterado de todo y está de actualidad política desde el golpe de Estado en Cataluña y las iniciativas de Ciudadanos primero y el PP después (2018) para que la institución se ocupara de los libros de texto manipulados en Cataluña y el País Vasco. El Gobierno se opuso. Según los autores de un muy reciente trabajo (2019), en noviembre de 2017 fueron entrevistados funcionarios de hasta diez comunidades autónomas y el informante de Cataluña, con nombre oculto para evitar represalias, sostiene textualmente que "en Cataluña tienen ahora [2017] setenta requerimientos en normas básicas con problemas flagrantes. Se han saltado todas las normas y cuando se les ha avisado no han hecho ni caso. La Ley de Educación de Cataluña y otras anteriores se han saltado todo lo regulado a nivel estatal y estamos viendo las consecuencias" (p. 14).
El Gobierno no debería haber aprobado los indultos, un error garrafal, sino reformar la Alta Inspección en Educación, darle competencias de inspección, nombrar inspectores y pedir al ministro de Universidades, que está de turista, que reforme los muchos defectos de los planes de estudios de las escuelas de Magisterio y facultades de Educación. Esto es resolver la cuestión catalana, no los indultos. Sin esto, la proporción de independentistas llegará al 60% y entonces, como dice Iceta, "habrá que hacer algo".
