El miércoles conmemoró la Cámara de Cuentas de Aragón (CCA) su primer decenio de vida, con un leve retraso impuesto por la pandemia. 

Nació con dificultad: no parecía haber gran interés en poner en pie un organismo que fiscalizase el uso de los dineros públicos. Vino al mundo con tamaño reducido, que mantiene, y con una plantilla muy vocacional y decidida. En cierto modo, sus primeros años recuerdan a los del Justicia contemporáneo. También se parece en que su afianzamiento se debe a su quehacer, visible y bien resuelto. El Justicia y la Cámara fueron, y aún son, tachados de instituciones redundantes por quienes no las aprecian: el Justicia repetiría las funciones del Defensor del Pueblo y la CCA, las del Tribunal de Cuentas. Es una verdad a medias, como atribuir supuesta redundancia entre las Policías locales y la Nacional, amén de la Guardia Civil. La redundancia no es real, o apenas. En cambio, de la existencia del Justicia y de la Cámara de Cuentas, criaturas de las Cortes y el Estatuto de Aragón, se han derivado bienes y mejoras que evidencian la buena relación coste/beneficio que procuran ambas a los ciudadanos en general.

Los consejeros de la institución (tres, de los que uno la preside) buscan ir más allá de le mera vigilancia y censura de las cuentas institucionales. Han ido bastante más allá.

Primero, en cuanto a celeridad. La facilita la cercanía, la inmediatez geográfica: una empresa pública, un municipio o una diputación sitos en Aragón siempre están cerca de la sede de la Cámara de Cuentas.

El segundo punto radica en la competencia de la plantilla cameral. No solo verifica si la contabilidad refleja una imagen fiel de lo ocurrido con los dineros empleados por la entidad auditada. Se añade a esa función la del control de legalidad: si las cantidades, aun estando bien dispuestas en forma de cuentas, se han utilizado de acuerdo con multitud de normas, lo que a veces no sucede (no siempre por dolo, también torpeza). Y, en fin, aunque este punto es muy dificultoso, si el movimiento de dinero público, aun bien anotado y acorde con lo que prescribe la norma, se ha empleado de forma inteligente y útil. En suma, si se ha gastado bien.

Se trata, pues, a la vez, de eficacia (conseguir lo buscado), eficiencia (obrar con economía de medios) y utilidad (dirigir el esfuerzo a fines que lo merezcan). Así lo entiende y dice Alfonso Peña, que sirve en ella, con buen pulso, desde sus mismos inicios.

Precedentes propios

En fin, la Cámara procura ayudar a mejorar las cuentas en las que observa deficiencias o margen de perfeccionamiento. Esa labor didáctica ayuda a las entidades más desvalidas a tener las cosas en buen estado de revista.

Todo esto deriva, y queda muy cerca, del mandato constitucional que impone realizar el gasto público con "una asignación equitativa de los recursos" y planificarlo y ejecutarlo según "criterios de eficiencia y economía" (art. 31). En resumen: el dinero público debe gastarse bien.

Seis siglos

Esteban Sarasa y Guillermo Redondo (de cuya muerte hará mañana seis años) estudiaron los orígenes de la institución. El ‘maestre racional’ fue creado por Alfonso V el Magnánimo, complacido de su buen funcionamiento en el opulento y refinado reino de Nápoles, entonces integrado en la Corona de Aragón.

El nombre venía del Imperio Romano, pues Augusto creó un ‘rationalis’ encargado del fisco tutelado por el emperador. Luego, se ocupó de la ‘ratio’ (proporción) de todos los bienes estatales que correspondían a la Casa imperial, que eran muchos y muy diversos. A los florecientes estados itálicos medievales no se les escapó el antecedente, el cual vino a Aragón por esa vía.

También a Cataluña y a Valencia, que igualmente han recuperado, en versión actualizada, esta institución, hoy con funciones preferentemente inspectoras. Ambas comunidades autónomas estuvieron presentes en la conmemoración aragonesa, asistencia subrayada por el primer presidente de la CCA, ya retirado: Antonio Laguarta llevó el timón de la Cámara en su primer septenio y dijo, con voz emocionada, que estas comunidades españolas llevaban novecientos años hermanadas con Aragón y que debían seguir estándolo otros novecientos más. Hubo aplausos.

Los muros de la Aljafería, en cuyo interior despachó no pocas veces con el rey el maestre racional de Aragón, celebraron así, de forma comedida y sin agasajos, al mismo tiempo los seiscientos años del maestre racional y los diez de esta institución que lo actualiza en su tarea inspectora.

La comunidad histórica de Aragón es una entidad política más que milenaria. Por su largo y denso devenir, apenas necesita importar antecedentes de nada. Tampoco de cómo llevar bien sus cuentas. Las cuentas de los dineros que son de todos.