Convicción y responsabilidad
Los indultos son controvertidos desde cualquier punto de vista. Aunque lo han hecho todos, creo que ningún gobierno debería tener la potestad de otorgarlos.
Se mire como se mire, constituyen una anómala excepción de la estricta separación de poderes, clave de bóveda de la democracia liberal que tanto apreciamos y que la historia ha convertido en el único marco político que garantiza la libertad, los derechos individuales y el imperio de la ley. Esa es mi convicción y así la he mantenido siempre.
Sin embargo, desde el ejercicio de la ética weberiana de la responsabilidad, desde la búsqueda de la eficacia para alcanzar un propósito digno prescindiendo excepcionalmente de la convicción, podría valorarse la utilidad política de indultar a los presos independentistas si ello nos acercara a la solución de la ‘cuestión catalana’, que no puede ser otra que la aceptación expresa por parte de los reos y de sus correligionarios del orden constitucional y el impulso de reformas institucionales y financieras que satisfagan –no solo a Cataluña– sino a todas las comunidades autónomas y que refuercen a España como proyecto común.
Entiendo las razones de muchos ciudadanos de distintas ideologías que no están de acuerdo. Es más, yo soy partidario de otro enfoque del problema catalán. Pero mi apuesta será inviable mientras el PP utilice exclusivamente el conflicto como munición en su batalla por el poder, pues a eso ha reducido siempre este partido su interés por Cataluña. En esas circunstancias, solo cabe la inhibición –un político responsable no se la puede permitir– o dar al presidente del Gobierno el voto de confianza que pide para su propuesta de gestión de la crisis, hoy por hoy la única que existe.
Dicho esto, mentiría si no me declarara escéptico respecto a la posibilidad de que prospere. El Gobierno tiene derecho a intentarlo pero, de entrada, la llamada ‘mesa del reencuentro’ va a tener muchas dificultades para alcanzar acuerdos asumibles por la mayoría de los españoles: los independentistas determinan en cierto modo la posición de los dos lados, el suyo propio y el del Gobierno de España, que solo los tiene a ellos para refrendar parlamentariamente los posibles pactos. Además, el presidente no puede satisfacer ni una sola de sus demandas básicas y, a estas alturas, conocemos bastante a Junqueras y a ERC como para no llamarnos a engaño respecto a sus verdaderas e inmutables intenciones, digan lo que digan en cada momento.
En consecuencia, a pesar de la buena voluntad del Gobierno de España, existe un alto riesgo de que, en vez de asistir a la gestación de una solución real, acabemos inmersos en un nuevo episodio de apaciguamiento, con cesiones sin contrapartidas que acerquen a los independentistas otro paso más a su objetivo final. Así ha sido siempre que PSOE o PP han gobernado en minoría, extorsionados por los nacionalistas –incluidos los vascos– de una manera directamente proporcional a su debilidad parlamentaria.
En cualquier caso, así no podemos seguir. Ojalá dé buenos resultados la ‘mesa’. Si no, quizá esté próxima la hora de que la política española –empezando por el PSOE y el PP como principales actores de la misma– no tenga otro remedio que plantearse seriamente lo que muchos hemos pensado siempre que había que hacer y nadie se ha atrevido nunca ni siquiera a intentar; la hora de los grandes acuerdos transversales para dibujar entre todos el modelo de país que queremos compartir antes de emprender la tarea de dar salida a cuestiones parciales como la catalana.
A modo de ejemplo, señalaré dos temas que, para mí, son esenciales.
Si consideramos que "la indisoluble unidad de la Nación española" es el bien político mayor a preservar, no podemos centrarnos exclusivamente en conjurar las aspiraciones separatistas de algunos territorios. A mi entender, unidad es sinónimo de igualdad real de derechos y oportunidades y paradójicamente han sido Cataluña y el País Vasco las dos regiones más favorecidas secularmente por el Estado en detrimento de las demás, quebrándose así en la práctica el principio constitucional por excelencia. Quizá ha llegado el momento de invertir el orden de prioridades y poner el foco en las regiones tradicionalmente postergadas, en comunidades a las que el autogobierno ha permitido descubrir sus potencialidades y, al mismo tiempo, las trabas que les impide su desarrollo pleno. No hablo de las proclamas del ‘reto demográfico’, de ‘vaciados’ y ‘rellenos’ o de grandilocuentes discursos ‘repobladores’, que no son más que caldo de cultivo de cantonalismos populistas de nuevo cuño. Hablo de que esas comunidades, verdaderas paganas del apaciguamiento de las ‘ricas’, empiecen a ser objeto de políticas reales tendentes a poner fin al desequilibrio histórico que ha soportado España. Si aspiramos a una unidad basada en la igualdad, hablo de promover un nuevo concepto de país.
Por otra parte, es bastante razonable que la política trabaje ya para que Cataluña tenga un nuevo Estatuto que satisfaga en la mayor medida posible las aspiraciones de la sociedad catalana en su conjunto. Pero no es menos urgente una reforma de la Constitución que, entre otras cuestiones, aborde el perfeccionamiento del Estado autonómico, que acabe con las duplicidades, con la inseguridad jurídica y la bilateralidad selectiva y haga posible la cogobernanza multilateral y efectiva. Se trata básicamente de convertir el Senado en cámara de representación territorial de los gobiernos de las comunidades, a la manera del ‘Bundesrat’ alemán, así como de definir expresamente y blindar el elenco competencial, lo que debería zanjar de paso cualquier conflicto en torno a la financiación, la educación, la lengua o la garantía de la presencia homogénea del Estado en todo el territorio nacional. En todo caso, habría de ser el nuevo Estatuto catalán el que se acomodara a la Constitución reformada y no al revés.
Por lo demás, más allá del debate sobre los indultos; del grado de acierto de la estrategia catalana del PSOE o de la penosa ausencia de estrategia del PP; más allá de la deriva que adopte en el futuro inmediato la política española, mi obligación primera es servir al cargo de presidente de Aragón con todas mis fuerzas y hacerlo desde las dos vertientes principales de mi función: defender y agrandar el interés general de los aragoneses y contribuir a la buena marcha de España, de cuyo éxito como proyecto común depende el nuestro como Comunidad.
Estoy seguro de que nuestros empresarios, nuestros profesionales, nuestros universitarios –estudiantes, profesores e investigadores– nuestros creadores, la sociedad aragonesa en su conjunto comparte esa doble lealtad. Pero las grandes decisiones que se vayan a adoptar en Madrid les afectan y no será admisible que obedezcan a designios e intereses ajenos a los suyos, que consoliden e incluso aumenten los privilegios de otros y les escatimen a ellos oportunidades, méritos y carreras. Por eso, como presidente de todos ellos, estoy requerido a representarlos y a defenderlos y, sobre todo, me siento impelido a reivindicar la participación de Aragón en la toma de esas decisiones. Si para la gestión de la pandemia el presidente Sánchez abrió la puerta de la cogobernanza, con más motivo deberíamos ensayarla en relación con los problemas abordados en este artículo y cuyas soluciones nos afectarán más y serán más duraderas, para bien o para mal, que el propio virus.
