Recibos y facturas
Vamos hacia una situación compleja".
La advertencia del ministro de Consumo, Alberto Garzón, no deja lugar a dudas. Con la luz y la gasolina disparadas, un asunto que toca de lleno el bolsillo de los españoles, el Gobierno se afana en la búsqueda de una respuesta que corrija unas facturas en máximos históricos. La solución pasará por un veloz abaratamiento del recibo en forma de suspensión temporal de impuestos, aunque los expertos consideran que la situación de las economías familiares podría complicarse aún más con la llegada del otoño. Además, se teme, en coincidencia con la recuperación, un incremento en el precio de los alquileres en las grandes ciudades. Una realidad adversa en forma de facturas crecientes y ceñida a las economías más modestas, las mismas a las que en teoría más atiende el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos, y a las que el giro en la relación con Cataluña ni les compensa ni interpela.
Pedro Sánchez, que busca equiparar el esfuerzo fiscal español al europeo, no olvida que septiembre y octubre (arranque de la negociación presupuestaria) serán meses determinantes en la política nacional, por lo que antes del regreso de las vacaciones –ya sin mascarillas y disfrutando de una situación próxima a la normalidad– habrá dado oficialmente por finalizada la pandemia en la celebración de la Conferencia de Presidentes. Nadie desea hablar de inconvenientes y menos aún de una nueva ola de la enfermedad –algo que la comunidad científica no descarta– por lo que el encuentro de los presidentes autonómicos de julio, convertido en la cita del reparto del dinero procedente de Europa, se transformará en el pistoletazo de salida de la recuperación. Tras el aval concedido por la Comisión Europea al plan de reformas, el Gobierno contará en agosto con los primeros 9.000 millones, una inyección que buscará hacerse notar para que el recibo de la luz o el llenado el depósito se conviertan en asuntos secundarios.
Sin resolver los criterios de reparto de esa primera entrega, a Sánchez hay que reconocerle la férrea disciplina interna impuesta en el PSOE. Sin apenas contestación, con Susana Díaz fuera de juego y con los barones convencidos de que sus diferencias no hacen sino reducir su capacidad de influencia en Ferraz y en Moncloa, el presidente juega con la baraja de los fondos europeos y con un clima social de superación de la pandemia que le permite dar políticamente por descontado el desgaste de la aprobación de los indultos a los presos del ‘procès’.
La hoja de ruta de Sánchez para aprobar los indultos se está cumpliendo fielmente. Con el PP cooperando involuntariamente con varios errores, Sánchez lanzó el primer anuncio de la medida convencido de que la reacción contraria de los populares serviría para unir al PSOE. Tras la manifestación de Colón, en la que los partidos del centroderecha se esforzaron más por evitar la foto conjunta que por construir un argumento sólido contrario a la medida, el presidente trasladó el debate a Cataluña para generar un cambio en la opinión pública con el aval del empresariado catalán. Visualizados como últimos depositarios del ‘seny’, la estrategia encontró un nuevo aliado en el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien pese a las aclaraciones posteriores se mostró partidario de los indultos. Sánchez, cuyo último acto se descubrirá mañana en el Liceu, sabe que aprobar los indultos sin mascarillas servirá para ayudarle.
