La anécdota que a continuación les cuento sucedió allá por el año 1998. 

Por entonces ejercía yo de subdirector general de una institución científica de ámbito nacional, con sede en la capital del reino. Una de mis primeras iniciativas fue la de promover los cambios legislativos necesarios para facilitar el acceso a los datos científicos acumulados por la institución, de manera que todos los grupos de investigadores adscritos a departamentos universitarios pudiesen servirse de ellos sin coste y desarrollar sus respectivos proyectos de investigación. La tarea no era fácil porque primero tenía que vencer la numantina resistencia de aquellos que, siendo meros tenedores de la información adquirida con medios públicos, se creían con derecho de propiedad sobre la misma y mostraban ciertas reservas ante tan novedosa e inesperada proposición. La idea de poner bases de datos a disposición de los investigadores de las universidades del país se contemplaba como una expropiación, sin reparar en que lo natural era que, previa petición razonada, dicha información circulase para el provecho de los investigadores interesados.

Tuve que vencer otras dificultades durante los siguientes meses; pero había una muy seria. Como los datos eran de titularidad de una institución fuera del organigrama del Ministerio de Universidades, y el objetivo final era ofrecerlos a la universidad española y a otros centros como el CSIC, mi iniciativa tenía que contar con el beneplácito de otros ministerios, y en tal caso había que tramitarla como una orden interministerial, lo que complicaba y retrasaba el proceso. No desistí y redacté de mi puño y letra (sin ayuda de ningún ‘experto’ o ‘asesor’) la parte medular del borrador de la pretendida orden interministerial, a fin de iniciar su periplo por los ministerios implicados y recabar su aprobación, a sabiendas de que después sería revisada y pulida por letrados del Estado.

Cierto día, tras cita acordada, acudieron a mi despacho dos abogados del Estado. Tras breves frases de cortesía, entramos en materia. Pronto reparé en que no venían a bloquear el proyecto de orden interministerial, sino a precisar algunos detalles de menor calado, seguramente porque los altos responsables de los ministerios implicados ya estaban informados y habían aceptado mi propuesta. Conforme el abogado de más edad me iba interrogando, yo le respondía y le aclaraba cualquier aspecto, mientras el abogado más joven sonreía y asentía en silencio, moviendo acompasadamente su cabeza igual que hacían los perritos de fieltro que algunos llevaban antes en el coche tras los asientos traseros. Nunca supe lo que pensaba, pero al menos no parecía oponerse a mi discurso. Ya se sabe, a veces es mejor permanecer callado a riesgo de parecer abstraído o lelo que abrir la boca y despejar la incertidumbre.

Pese a mis explicaciones, el inquisidor más veterano aún mostraba algunas reticencias respecto a facilitar datos a los potenciales peticionarios universitarios. Enseguida entendí la razón. Y aquí viene el busilis del asunto. Ya casi al término de la reunión, me espetó: "¿Pero de verdad se investiga en la Universidad?". Tras unos segundos de estupor, noté que mi sangre fluía más aceleradamente a la vez que me abandonaba cualquier poso de templanza. Créanme, tuve que hacer acopio de todo mi caudal de mesura para permanecer sentado en mi sillón y no saltar felinamente sobre el letrado. Al final, todo concluyó satisfactoriamente y en marzo de 1999 mi propuesta acabó publicada en el BOE.

Esta anécdota revela el desconocimiento que muchas personas (incluso teóricamente ilustradas) tenían entonces y aún tienen de lo que, con entusiasmo, abnegación y perseverancia, se hace en muchos departamentos y laboratorios de la universidades españolas dedicados a la investigación científica; ese campo que la mayoría de nuestros conciudadanos desconocen, pero que otros con responsabilidades de gestión (y esto es muy lamentable) a menudo ignoran o desdeñan, ajenos por completo al tremendo perjuicio que ocasionan para el progreso y el desarrollo de nuestro país.

Han transcurrido ya dos décadas y todavía me provoca desazón la proliferación de personajes tan hueros como el letrado al que me he referido. Y lo que es peor: que ejerzan su ignorancia como supuestos expertos o consejeros de líderes de pocas luces que pululan por los ámbitos gubernamentales. Esperemos que un día no lejano nuestros gobernantes se decidan a incrementar sustancialmente la partida destinada a I+D+i hasta alcanzar como mínimo el 2% de nuestro PIB, lo cual acercaría España a la media europea en inversión en ciencia y tecnología y nos permitiría ganar peso e influencia en el contexto internacional.