La lucha contra la despoblación requiere de un compromiso compartido entre administraciones. Un reparto justo de las cargas que no deposite en el Gobierno regional todo el esfuerzo para garantizar, por ejemplo, la movilidad en el medio rural.

Desde luego, no puede ser una operación que busque una rentabilidad política a corto plazo, porque la medida –hay que reconocerlo– se presenta arriesgada. La decisión del consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro (CHA), de cancelar la subvención por el servicio de los trenes regionales que presentan un déficit de explotación, un pago que se realiza al Ministerio de Transportes, ha destapado la caja de los truenos de la despoblación. Mientras la oposición acusa al consejero de desvertebrar el territorio, Soro entiende que la actual situación no puede continuar y que debe ser el Gobierno central el que sufrague el coste de un servicio que se explica desde la defensa de la igualdad de oportunidades y la garantía de movilidad. Pagar al Ministerio ha sido una decisión adoptada por los diferentes gobiernos autonómicos, sin que nunca antes se haya reparado muy bien dónde comenzaba la responsabilidad de Madrid y hasta dónde alcanzaba la subsidiariedad del Ejecutivo autonómico.

La postura de Soro, que no ha generado mayor tensión en el seno del cuatripartito, se presenta de difícil comprensión para los afectados y parece incurrir en contradicción con la filosofía de su departamento. Apuesta el consejero por una capilaridad en el transporte que se lograría gracias al autobús, compensado y subvencionado por la DGA, y por una complementariedad que llegaría gracias al tren, en este caso arropada económicamente por el Ministerio, para ofrecer una malla que reordenaría el transporte en el medio rural. El órdago político lanzado por Soro al ministro Ábalos incurre en el riesgo del todo o nada, sin reparar en que alimenta una incertidumbre que tendrá que saber soportar el tiempo que dure la negociación.

El debate entre rentabilidad económica y rentabilidad social no es nuevo, aunque en esta ocasión se ha introducido un importante quiebro que hace mención a la justa relación de los desembolsos que deben realizar las administraciones. Definir con precisión quién paga qué y dónde comienzan las responsabilidades de unos y otros es imprescindible para luchar sin solapamientos y con equidad contra la despoblación. Es casi seguro que la sangre no llegará al río y que los trenes continuarán discurriendo por la vías aragonesas, pero la puerta abierta por Soro tiene que permitir una nueva negociación que aborde la calidad del servicio, la mejora de los horarios y sus frecuencias y el debate sobre las actuales infraestructuras.

La lucha contra la despoblación requiere de un respeto compartido hacia el territorio que permita combatir la exclusión que sufren muchos ciudadanos mediante la implantación de una red básica de servicios. Sería ingenuo pensar que en el medio rural se puede disfrutar de idéntica accesibilidad que en una gran ciudad, pero es imprescindible que antes de pensar en los atractivos para ganar población se evite una fuga de personas obligadas a abandonar su lugar de nacimiento porque cuentan con menos oportunidades. Para solucionar los problemas de la despoblación hace falta dinero y aceptar que, tras años de olvido, es mucho lo que hay que compensar. Corregir esta mirada, forzando y aportando soluciones creativas que puedan llevarnos hacia una movilidad diseñada por varias administraciones, es una respuesta que está al alcance de los gobiernos, aunque antes de nada resulta imprescindible que cada cual asuma la parte de la factura que le corresponde.