Autocomplacencia equivocada
El éxito del populismo depende de dos factores: la verosimilitud de la crítica al sistema; y la autocomplacencia de los partidos ‘del sistema’. Un ejemplo.
El pasado 16 de febrero se discutió en el pleno del Congreso de los Diputados una proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional estableciendo un máximo de tres meses para resolver los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. El plazo se reduciría a dos semanas cuando sean recursos de inconstitucionalidad contra la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio y contra cualquiera de sus prórrogas.
Con esta propuesta se pone en evidencia un problema real: la tardanza en los pronunciamientos del Constitucional. Objetivamente no es razonable que el Tribunal Constitucional lleve una década sin decidir sobre la ley del aborto de 2010 o que tardara más de siete años en pronunciarse sobre la constitucionalidad de los matrimonios homosexuales. Tampoco es razonable que no se pronuncie con agilidad sobre los recursos interpuestos en contra de los dos estados de alarma decretados por el Gobierno. Como decían los clásicos, "nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía" y, precisamente por ello, se establecen plazos muy breves de resolución en los casos de recursos interpuestos a lo largo de procesos electorales. Y se cumplen.
Si no les dijera el autor de esa propuesta, probablemente estaríamos una gran mayoría de acuerdo con el diagnóstico del problema: no es admisible esa tardanza en la resolución de recursos. A partir de ahí podríamos debatir sobre las posibles soluciones al mismo: introducir plazos y, en su caso, dar más medios al Tribunal Constitucional para que pueda cumplirlos. La crítica, por tanto, tiene un claro fundamento. Es verosímil. La perspectiva cambia al saber el autor de la misma: Vox.
No les digo nada nuevo al señalar que el debate fue bronco. Salieron a colación afirmaciones como la existencia de un "gobierno totalitario de extrema izquierda", "el permanente secuestro de la derecha de los órganos constitucionales" o "dar más poder a los jueces es la vía moderna del golpe de Estado". Fueron también protagonistas Bárcenas en respuesta al Partido Popular o Pablo Hasel como "el nuevo preso político del Estado español". O expresiones como "la anormalidad democrática" o el Tribunal Constitucional como "cancerbero del régimen constitucional de 1978". El resultado: nada. La suma matemática de Ciudadanos, PSOE, PP y Unidas Podemos, que juntos alcanzaban 243 diputados, resultó invencible para los 52 diputados de Vox. La propuesta de reforma se denegó.
Probablemente tengan razón Odón Elorza, portavoz del PSOE, al señalar que el fin último de la propuesta es la de "desestabilizar el sistema democrático en España" o la diputada popular Edurne Uriarte al señalar que se pretende "deslegitimar" al Tribunal Constitucional. Pero esas dos cosas solo se logran si a una crítica que tiene un fondo de verdad no se le aplican las debidas soluciones.
Es cierto que se ha intentado reducir los plazos de resolución del Tribunal Constitucional con sucesivas reformas. En el año 2000 se reformó el recurso de inconstitucionalidad ampliando el plazo para su interposición y facilitando la negociación política que evita en la práctica la interposición de muchos recursos y supone la reducción de la carga de trabajo del Alto Tribunal. En el año 2007 se reordenaron las competencias del pleno de forma más operativa, pudiéndose compartir competencias con las salas y agilizando así la resolución de muchos procesos. También en el año 2007 se introdujo la necesidad de justificar "la especial trascendencia constitucional" de un recurso de amparo que ha permitido la inadmisión de muchos y la consiguiente reducción del colapso. Pero decir que con todas estas reformas ha sido suficiente y negar el problema aludiendo a las razones espúreas de sus autores no es sino una autocomplacencia equivocada.
