Educación sin consenso
Diversas movilizaciones en vehículos han vuelto a recorrer numerosas ciudades españolas, incluidas las tres capitales aragonesas y Alcañiz, para mostrar su rechazo a la Lomloe, la reforma educativa más conocida como ley Celaá, que este próximo miércoles será sometida a votación en el Pleno del Senado. Los convocantes y manifestantes consideran, con razón, que se ha tramitado sin el menor consenso ni de la comunidad educativa ni de la sociedad civil. En concreto, la ven como un ataque a la educación concertada y a la educación especial. El debate sobre la enseñanza debería despojarse de los elementos de disputa ideológica que con frecuencia emborronan las decisiones políticas sobre este sector. Si hay un ámbito que exige una política de Estado, ese es el de la educación.
En la lectura del manifiesto celebrada ayer en el campus universitario de Zaragoza, el sector social que respalda a la concertada ha incidido en que la norma se aprobará el próximo miércoles «sin diálogo, sin negociación, sin consenso político y social». Según el texto, la concertada, la religión, la diferenciada o la educación especial no son problemas reales del sistema educativo, «pero la ley quiere su desaparición». Lo cierto es que una ley educativa que no se sostiene en amplios consensos políticos y sociales está abocada a ser una ley débil y con un recorrido limitado.
La concertada es un modelo de colaboración público-privada desarrollado por los gobiernos de Felipe González y que hoy representa un pilar fundamental para mantener nuestro sistema educativo, que el Estado por sí solo no tiene capacidad de sostener. Además, es la herramienta que permite garantizar la libertad, recogida en la Constitución, para que los padres puedan escoger la enseñanza que quieren para sus hijos. Por ello, la falta de consenso que está detrás de la Lomloe es un gran fracaso colectivo.
