Me decía la semana pasada una profesora de Derecho -a la que admiro- que el nuevo decreto de alarma chirría jurídica y constitucionalmente. Ella, como muchos juristas, está cada vez más preocupada por la deriva político legislativa en la que nos está sumiendo este Gobierno de coalición. Hay indicios para sentir que peligra nuestro Estado social y democrático de derecho. Y eso nos debe poner en alerta al conjunto de la sociedad. No es un asunto baladí.

Desde su punto de vista, se ha descubierto ignorante de un día para otro. Después de muchos años explicando diversas materias propias del Derecho, la aprobación en el Congreso de la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo, con 194 votos a favor, la ha descolocado. Como decía, «no se me ocurría pensar que una prórroga pudiese superar -¡y en tanto!- el plazo previsto para la misma». Ella recuerda que durante sus años de estudiante le explicaron que eso no podía ser. Pero vistos los acontecimientos, ahora, como profesora, reconoce con toda la retranca del mundo que «explico -¡y mal!- que las prórrogas tienen la duración del plazo inicial -¡por eso son prórrogas!- o en su caso menor, salvo que la propia norma establezca de forma expresa otro plazo de duración». Así, nuestros parlamentarios, por la fuerza de los hechos, han pervertido la doctrina y la racionalidad del sistema.

Esto es muy peligroso. Han quebrado un principio general del Derecho. Los plazos son los plazos. Si un plazo se prorroga, tiene que ser o equivalente al inicial o inferior, como enseña mi querida colega. Si se supera, entonces es otra cosa. Y si lo damos por bueno, cualquier día nos encontramos al ‘sanchismo’ o quien venga después saltándose cualquier otro principio fundamental del Estado de derecho. Cuando se rompe la estructura lógica sobre la que se sostiene el edificio legal, el derrumbe del sistema está más cerca que lejos. Aunque más de uno dirá que no es para tanto. Y los fieles a ‘su sanchidad’ nos querrán convencer de que este es el único modo que tienen para vencer a la pandemia y al coronavirus; cuando en realidad están minando la democracia construida con la Constitución de 1978. Así las cosas, nuestra salud constitucional está en riesgo. Si estoy en lo cierto, nos tenemos que tomar muy en serio lo que está pasando.

No hace falta ser jurista para comprender que el ‘estado de alarma’ es un instrumento jurídico excepcional. No se puede sacar a pasear la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio como si fuera una ordenanza municipal para regular el aparcamiento en una plaza. Además, si bajo capa de una mejor gestión se evita el control parlamentario de este poder excepcional concedido al gobierno, nos hacen un flaco favor a la ciudadanía. El estado de alarma recorta nuestros derechos fundamentales y eso no es algo trivial. No solo porque Sánchez y el resto de la banda no son más listos y mejores que los demás españoles, sino porque son el gobierno. Y por principio a los gobiernos hay que ponerles contrapesos. Si no rinden cuentas, el control parlamentario, ¿para qué sirve?

Cuando se recortan, restringen, reprimen las libertades y los derechos fundamentales, no se puede aceptar que el presidente del gobierno se convierta en un autócrata. Este presidente ‘doctor en Economía’ no es el zar de Rusia y no debemos permitir que ejerza por sí solo la autoridad suprema del Estado. Mucho menos acompañado de Pablo Manuel, admirador confeso de Lenin y del totalitarismo comunista. Si nos queremos proteger, hemos de frenar su afán de poder. La obligación del Congreso es vigilar y controlar al ejecutivo. Por mucha mayoría y votos que tengan los socios de la coalición, el Congreso no puede eludir su responsabilidad. Y menos cuando estamos ante un asunto donde las evidencias científicas y el desarrollo de los acontecimientos están sembrados de incertidumbre. Prolongar por meses la alarma en manos de un gobierno como este, que se ha mostrado ineficaz e irresponsable, es una barbaridad. De facto nos imponen un estado de excepción al exceder de treinta días. Esto no pinta nada bien y no por la pandemia. Peligra la seguridad jurídica. Así la democracia y la justicia desaparecen en la práctica.

Chaime Marcuello Servós es profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza