Diligencia y legalidad
El Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto ley para regular las nuevas restricciones con las que tratar de frenar la expansión del coronavirus. Así, la Comunidad pasa a nivel de alerta 2, que entre otras medidas implica que los aforos sean del 50%, el cierre de la hostelería a las 23.00h y reuniones con un máximo de seis personas. Lo cierto es que Aragón, como el resto de España, sigue ofreciendo índices de contagio muy preocupantes que deben ser atajados con determinación, pero contando siempre con el suficiente amparo jurídico.
La situación epidemiológica sigue empeorando semana tras semana en un proceso que se inició ya en el mes de julio. Por ello, la consejera Sira Repollés no descarta aplicar en Zaragoza un confinamiento perimetral si esta semana no se contiene la escalada de contagios. Lo mismo podría ocurrir en las ciudades de Huesca y Teruel. La prioridad ahora es reaccionar con la mayor diligencia posible. Hay que paliar cuanto antes la presión que sufren la atención primaria y las plantillas hospitalarias, tensionadas ya por la reacción a la pandemia desde marzo y sin los refuerzos necesarios.
Algunos partidos pretenden poner los focos estos días en la moción de censura de Vox, pero los actores políticos, empezando por el Gobierno, deben tener otra prioridad: frenar los contagios. Nadie sabe cuál es la mejor fórmula para ello, pero conviene contar con un conjunto de medidas concluyentes para abordar la situación de la mejor forma posible. La acción contundente de otras autonomías y otros países europeos indican el camino a seguir porque, en definitiva, proteger la salud supone también proteger la economía. Francia, Alemania o Italia han empezado a aplicar iniciativas tajantes con menos casos que en España. Es urgente que el Ejecutivo nacional y las comunidades se coordinen para actuar con diligencia.
