Hasta ahora conocemos una REE, Red Eléctrica Española, la empresa que transporta la alta tensión, presidida habitualmente por un ex ministro que cobra medio millón de euros/año. Silenciosamente, en el mismo sector, se está conformando otra REE, la Reserva Energética Española. No figura en el Registro mercantil ni tiene lobbies que la defiendan, pese a sumar los vastos territorios donde florecen las energías limpias.

Hace apenas 48 horas, el presidente del Gobierno presentaba su Plan de recuperación de la economía española y presumía de tener más energía eólica que ningún otro. Los aragoneses lo notamos. Además del paisaje, hablan los datos: en 2019, fuimos la comunidad donde se instaló el 49% de los nuevos parques desplegados en España. Y el pasado 1 de octubre, Repsol difundía que ya vertía a la red energía eólica desde Aragón: aquí va a tener la quinta parte de todos sus parques españoles que, cuando esté en marcha, suministrará energía… ¡para un millón de personas! Y es sólo una de las marcas. Un bosque de eolos en el que, evocando la imagen de aquella España prehistórica en la que las ardillas podían cruzar la península de árbol en árbol, las aves podrán atravesar Aragón sin esfuerzo, de molino en molino… si las aspas no los despluman.

Dicho esto, necesitamos la energía eólica y todas aquellas que frenan el envenenamiento de la atmósfera. Y nuevas vendrán que dejarán obsoletas a las ahora recién llegadas y el paisaje volverá a su ser. Pero, mientras llega ese momento, algo habría que hacer para ajustar los desequilibrios con que se impone esta apuesta estratégica y para los que la pandemia debería ser una oportunidad. Ni la legislación ni la Administración han procurado que los parques se formalizaran como junta de compensación, para un reparto justo de cargas y beneficios. Y ni el Estado o las Autonomías se han reservado una “acción de oro” en forma de cupo de energía bonificada para los lugares que la generan: sin duda, hoy sería un gran aliciente para empresas que buscan relocalizarse con la salud como nuevo paradigma.

El plan de recuperación del Gobierno, cuyas cifras (72.000 millones de euros y la creación de 800.000 empleos –¡los mismos de Felipe González!-) ya nos gustaría que den para todo lo que anuncian, debería contemplar esa realidad.

Cuando Sánchez promete trabajar para la igualdad de los españoles, vivan donde vivan, la costumbre no lleva al optimismo. El Laboratorio de análisis Públicos de la Generalitat Valenciana acaba de publicar el estudio “Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal”, que contabiliza la brecha que hay entre la capital y los demás. Una renta media un 36% superior; sede del 44,5% de las 1.000 mayores empresas; centro de decisión del 72% de las licitaciones públicas, y población con formación universitaria diez puntos arriba (40% frente 30%). Una atracción fatal que ha hecho que una quinta parte de sus trabajadores proceda de otra comunidad y, como corolario, un ‘dumping’ fiscal que atrae a las mejores rentas.

Esta semana conocíamos el mapa de España por ingresos. Como sólo refleja las poblaciones de más de 1.000 habitantes, dibuja dos grandes vacíos, Aragón y Castilla-León, donde apenas figuran las capitales. Y si la primera fue líder en 2019 en nuevas instalaciones, nuestros vecinos lo son en generación. Una convergencia demoledora de territorios despoblados y ser fuente de energías limpias.

Si Sánchez con su ‘resiliencia’ quiere ir más allá de satisfacer a los activos lobbies madrileños y a las periferias ‘de primera’, debe dar una oportunidad a los habitantes de la Reserva Energética Española y cambiar el actual marco legislativo energético en aras de un país más equilibrado. Maestros en resiliencia, son españoles que no piden sueldos de presidente de la vieja REE, sólo una vida normal, con sus carreteras sin socavones, su internet fluido, su gente trabajando y cotizando, sus tiendas, su médico, su escuela,… Vamos, lo que es un derecho a quedarse.