El informe del Justicia

El informe del Justicia de Aragón sobre las residencias de ancianos durante el estado de alarma viene a mostrar hasta qué punto las condiciones de vida en muchos de estos centros se deterioraron a causa de la pandemia; en algunos casos, con ribetes de crueldad. El Gobierno de Aragón y toda la sociedad están en la obligación de realizar una seria reflexión. En primer lugar, para evitar que hechos semejantes vuelvan a producirse; y después, para reformar a fondo el modelo de atención a las personas mayores y dependientes.

Ya sabíamos que el 80% de las muertes por covid se han producido en residencias de ancianos y de personas dependientes; y que en ellas se han dado situaciones inaceptables. Pero la investigación realizada por la oficina del Justicia, al sistematizar y documentar lo ocurrido, se convierte en el acta notarial del mayor fracaso que nuestras instituciones y nuestra sociedad han tenido en la gestión de la pandemia. El abandono que sufrieron tantas personas mayores, en detrimento de sus derechos, no puede suscitar sino dolor e indignación. Pero no cabe quedarse ahí, el Justicia insta a gobernantes y legisladores a actuar. Y hay que recordar que, en esta segunda ola de la pandemia, las residencias vuelven a ser vulnerables; y que miles de ancianos llevan más de seis meses sin salir a la calle ni recibir, en condiciones distendidas, la visita de sus familiares, porque no se ha sabido encontrar una forma más humana de protegerlos. El gran trauma de la pandemia en las residencias debe ser un punto de inflexión para repensar y reformar el sistema de atención a las personas dependientes, una tarea que no solo es imprescindible en Aragón, sino en toda España. Hay que ponerse a trabajar, con el compromiso de toda la sociedad, situando en el centro la dignidad y el bienestar de las personas. Y antes que nada, hay que corregir errores con rapidez para garantizar que la covid no vuelva a golpear con saña en las residencias.