Frenar la ‘okupación’
Varias poblaciones aragonesas, ayer fue La Muela, se están movilizando durante las últimas semanas en contra de la ocupación ilegal de viviendas. Más allá de la intimidación que con frecuencia utilizan los okupas, el que no se respete un derecho tan fundamental como la propiedad privada genera muchos inconvenientes a los propietarios que, con frecuencia, deben gastar dinero y tiempo en recuperar algo que ya es suyo. Los problemas del acceso a la vivienda, que las administraciones tienen que intentar solucionar de forma diligente, no deben vincularse a la ocupación.
Más allá de los esporádicos casos de ocupación de viviendas que se han vivido durante décadas, en los últimos años se ha intensificado el fenómeno. Incluso ha surgido un mercado ilegal y mafioso que está comerciando con viviendas, vacías o no, para ofrecerlas a grupos muy diversos de okupas, que van desde familias vulnerables a oportunistas y estafadores. Los resquicios que ofrece la ley, y su interpretación por jueces y fiscales, facilitan la extensión de una actividad que genera graves perjuicios a los propietarios y un clima de inseguridad en los focos de mayor concentración.
La legislación española contempla y persigue el delito de usurpación pacifica de bienes e inmuebles (la traducción judicial del término ‘ocupación’, cuando se produce una entrada a la fuerza en un inmueble deshabitado) y también el de allanamiento (cuando alguien se mete en una primera o segunda vivienda). Pero la disparidad de criterios sobre las medidas cautelares y la saturación de los juzgados pueden llevar al propietario a entrar en un proceso que en ocasiones tarda años en resolverse. Por eso es preciso clarificar y simplificar los procedimientos y, así, agilizar los procesos de expulsión. Hay que mejorar la coordinación entre magistrados y policías en cuanto a los protocolos de actuación frente a este problema.
