En el informe de 2019 indicábamos que uno de los compromisos del Justicia es promover el bienestar de las personas mayores, especialmente las que presentan más vulnerabilidad por vivir en soledad o en un centro residencial, velando por el respeto de sus derechos y el cumplimiento de la normativa. Constatábamos la existencia de una conciencia ciudadana respecto a las condiciones de las personas que viven en residencias y se indicaba la conveniencia de estudiar e impulsar otras alternativas habitacionales más allá del tradicional modelo residencial.

Con carácter general, se evidenciaban tres deficiencias graves: 1.- Falta de personal suficiente que condiciona la adecuada atención centrada en la persona. 2.- Los residentes se ven afectados por un mayor grado de dependencia y un mayor deterioro físico y cognitivo. 3.- Salarios bajos de los trabajadores con un convenio colectivo del sector cuya vigencia terminó en 2013 y pendiente de negociación. Las residencias de personas mayores son servicios esenciales especializados y las competencias son estatales, autonómicas y locales, por tanto, hay responsabilidades compartidas y desafíos comunes.

Desde el Libro Blanco por un Envejecimiento Activo de 1990 se configuran estos centros residenciales como socio-sanitarios para personas dependientes y en 2006 se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con lo que además de cuidar se hace hincapié en las atenciones de la dependencia grave.

Con más de 5.500 residencias, 375.000 personas para atender y 200.000 trabajadores es necesario un acuerdo sobre un proyecto de mejora que podría pilotar sobre las siguientes ideas: 1.- Los cuidados empiezan en los domicilios de las personas con una atención integral e integrada. 2.- Continúan en múltiples modelos de residencias que han de contemplarse en los planes urbanísticos. 3.- Se necesitarán residencias socio-sanitarias preparadas para atender la dependencia grave, con eliminación de los macrocentros. 4.- Precisaremos rigurosas y constantes inspecciones no anunciadas, con reglas claras de responsabilidad profesional para sus gestores. 5.- Deben potenciarse los órganos de participación democrática de residentes, familiares, trabajadores, sindicatos, asociaciones, ayuntamientos, etc. 6.- Derecho a la atención sanitaria pública en atención primaria, especializada y hospitalaria. 7.- Reconocimiento social, económico y profesional de todas las personas que trabajan en el cuidado de los mayores. 8.- Abrir un debate sobre cómo garantizamos los derechos de las personas mayores, su derecho a la vida, a la integridad, los cuidados paliativos.

Coincido con las asociaciones de mayores y en concreto con la Asociación Contra la Soledad de Madrid en que se necesita una alianza entre los poderes públicos, el mercado y un nuevo contrato social de los representantes de la ciudadanía para recuperar la confianza e impulsar los cambios necesarios. La pandemia de la covid-19 ha evidenciado que no estábamos preparados para atender a personas en grave situación de fragilidad, discapacidad y dependencia. Unos ciudadanos dignos exigen la coordinación entre sistemas y servicios eficaces y eficientes, donde prime la dignidad de las personas y la consideración de los derechos humanos.

El sistema de financiación pública de los servicios de apoyos y cuidados de larga duración ha de ser revisado y mejorado, eliminando diferencias entre territorios. La situación actual puede convertirse en una oportunidad para lograr una mejor atención a las personas que la precisan, avanzando en la construcción de los cuidados, donde el reconocimiento, la participación y el apoyo a los que son más vulnerables se conviertan en una prioridad social central, como se afirma en la Declaración en favor de un necesario cambio en el modelo de cuidados de larga duración suscrita por muchos profesionales del sector, ciudadanos y asociaciones.

El número de fallecidos en esta pandemia (80% en residencias) y por su memoria y recuerdo permanente nos exige que replanteemos el equilibrio entre salud, dignidad y libertad de las personas mayores, que potenciemos la garantía en la continuidad de los cuidados y la coordinación entre sistemas y servicios. Se lo debemos y es su derecho.