La lealtad en el ámbito de la política debe basarse en un contrato recíproco entre las partes. En el amor o en la amistad, el amante o el amigo demuestran lealtad con su compromiso de fidelidad. En la política, sin embargo, la lealtad es un contrato de ida y vuelta. Los políticos han de ser leales ante todo a sus principios y a las instituciones porque representan a todos, a quienes les votan y a quienes no. En el ámbito del Derecho se llama relaciones sinalagmáticas o recíprocas a aquellas que generan obligaciones para las dos partes, y así debe entenderse la lealtad en política, como una obligación recíproca entre quien tiene la obligación de gobernar respetando todos los estándares democráticos y quienes tienen la obligación de hacer oposición pensando en el interés general por encima de tentaciones partidistas.

Ocurre que en estos días extraordinarios se apela con cierta frecuencia a la lealtad a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias como si ser leal al Gobierno fuese más importante que ser leal a los valores democráticos. La virtud de la lealtad no puede dejarse al arbitrio de una sola de las partes y, en todo caso, hay que saber ganársela.

Las medidas más importantes en materia económica tomadas hasta hoy por el Gobierno de España no han sido debatidas ni propuestas ni con los principales agentes económicos del país ni con los partidos. El Gobierno ha tomado decisiones basadas en cuotas de poder internas excluyendo ya no solo a la oposición sino, también, a aquellos que apoyan al Gobierno. No seré yo muy partidario de nacionalismos excluyentes, pero qué menos que recabar también la opinión del PNV, ERC, PDECat o incluso Bildu, apoyos parlamentarios del Gobierno.

La política de comunicación del Gobierno y sus ruedas de prensa, dirigidas por el propio Gobierno y centradas en ‘el relato’, o sea, en la propaganda, sin posibilidad de preguntas y, que ya ha provocado quejas de muchos profesionales, tampoco contribuye a una relación de lealtad del propio Gobierno con sus ciudadanos. Estamos ante una lesión grave al derecho a la información. Como señaló el Tribunal Constitucional en 1981, el artículo 20 de la Constitución garantiza una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vacíos de contenido real otros derechos. El derecho a la información es un valor fundamental del ordenamiento democrático.

Como nos ha dejado escrito hace poco Javier Solana, la destrucción del virus requerirá liderazgos fuertes, pero no inflexibles. "Que nuestros Estados y sus dirigentes dispongan de una amplia capacidad de maniobra no debe implicar que tengan carta blanca: ni ahora, ni cuando la tormenta amaine".

Es muy inquietante que quienes exigen una lealtad que tiene más que ver con el vasallaje no hayan dedicado el más mínimo esfuerzo a contar con todos antes de tomar decisiones. Disponen de la caja de los ayuntamientos sin contar con estos ni con la Federación Española de Municipios y Provincias; retienen las finanzas de las comunidades autónomas, disponiendo de todos sus fondos en materia de empleo, por ejemplo, sin ni siquiera informar previamente a unos dirigentes políticos que, por el hecho de ser actores de la política autonómica o local, no merecen, al parecer, ninguna lealtad.

Sin libertades civiles no hay democracia. Sin escrutinio de la opinión pública no hay democracia. Sin resortes de justicia no hay democracia. Sin participación de toda la sociedad representada en sus partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, agentes económicos y sociales, y todas las administraciones, no hay calidad democrática. La lealtad institucional debe ser sinónimo de lealtad a la democracia.

Baudelaire nos dejó dicho sobre Goya que tuvo el don de convertir lo monstruoso en verosímil; es decir, en humano. Nos ha tocado vivir días que tienen mucho de monstruoso. Después del dolor de las familias por perder a un ser querido, después de la incertidumbre por el futuro, de la desesperanza económica y el drama social, tras lo monstruoso, no podemos permitirnos lo inverosímil: un país dividido. Solo podemos hacer un país más humano con una democracia más fuerte. Puesto que ‘todo’ ya no puede ir bien, hagamos que vaya bien lo esencial: nuestra convivencia.