La semana pasada se celebraba en Madrid el X Congreso Nacional de Innovación en los Servicios Públicos. Un punto de reflexión de cómo las nuevas tecnologías inciden en la actuación de las Administraciones públicas, encargadas de satisfacer el interés general que demandan nuestros ciudadanos (esa es su función última, no se olvide). Las experiencias expuestas acreditan cómo la evolución es muy rápida y existen ya excelentes experiencias que muestran que el cambio en la gestión pública es posible. Así, junto a la experiencia del registro distribuido –‘blockchain’– en la contratación pública (por la que el Gobierno de Aragón ha ganado un premio) o de la inteligencia artificial o los sistemas ‘clouding’, entre otros, se ha podido debatir sobre a la oportunidad (que no amenaza) que estas iniciativas suponen para una auténtica transformación digital de nuestro sector público. Iniciativas lideradas e impulsadas por empleados públicos y organizaciones públicas en colaboración con el sector privado, en un excelente ejemplo de lo que debe ser la nueva cultura del ‘win/win’ de la gestión pública.

Son muchos los retos de nuestras Administraciones públicas, pero no solo los derivados de la aparición de nuevas tecnologías disruptivas (que plantean asimismo nuevos problemas jurídicos, como la neutralidad de los algoritmos o la transparencia de decisiones ‘automatizadas’, entre otros) sino también, principalmente, la necesidad de adaptar la organización administrativa y la capacitación y funciones de sus empleados públicos en este nuevo contexto. El conocimiento debe ser horizontal y no vertical, hay que aprender a trabajar en equipo y tener en cuenta las buenas experiencias de otros. Y la formación permanente a lo largo de la vida debe ser parte del ADN de cualquier empleado público vocacional (solo así existirá verdadera profesionalización pública). Hay que romper no solo con el tópico de siempre se ha hecho así, sino, principalmente, con el de siempre ha sido así.

Nuestros ciudadanos demandan de nuestro sector público no rígidas normas administrativas sino soluciones rápidas, eficaces y eficientes a las nuevas necesidades de nuestra sociedad. Y transparencia e integridad y rendición de cuentas, pues sin conocimiento efectivo no hay democracia.

La innovación de nuestro sector público no debe ser solo tecnológica, sino también organizativa (hay que repensar, por ejemplo, el modelo local atendiendo a la realidad y no a la historia, o del tiempo de permanencia en cargos públicos), y de rediseño de la función pública, para que la actualización de conocimientos y competencias digitales sea una característica esencial. Innovar en la Administración pública obliga a cambiar el paradigma de la cultura propia muy burocrática para avanzar a una Administración flexible que gravita sobre el ciudadano (y no al revés), al que debe garantizar sus derechos y expectativas. Lo que obliga a innovar estructuras, pensamiento, prácticas e inercias.

En ello deben estar también las universidades, que, con liderazgo, deberían ayudar a alinear estos objetivos públicos, compartiendo conocimiento, cooperando en la transformación y, principalmente, sirviendo de ejemplo a estos nuevos retos.

La innovación tecnológica y social es una realidad y hacia ese escenario deben avanzar nuestros poderes públicos, hacia una gestión ‘inteligente’. Hace falta menos dogmatismo y desconfianza y más conciencia de la necesidad del cambio de nuestro sector público para cumplir su función esencial que es la buena administración. Y, por supuesto, empeño personal de quienes creen que las utopías son posibles. Lo explicado en Madrid en el citado Congreso, los reconocimientos a las iniciativas que ya son realidad, demuestran que hay ‘movimiento’. Por ello no puede perderse la oportunidad de innovar en la propia función y organización de nuestro sector público para adaptarlo al contexto y exigencias de un mundo globalizado en este siglo XXI. Y es que "no podemos pretender cambiar las cosas si siempre hacemos lo mismo".