Exclusión digital
Hace unos días tuvimos que pagar el impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA) de la casa en el pueblo. Nos llegó el cargo del ejercicio de 2016 fijando como último día de pago a finales de este mes. Como no hay contadores en el lugar, el cálculo se hace por estimación, según indican en el recibo, "en base al artículo 15 del reglamento regulador del ICA". Al principio dudamos si pagar o no. Estuvimos a punto de sumarnos a la insumisión zaragozana, pero la cosa no es igual y no apuntaba bien.
El Gobierno de Aragón dice que el ICA es "un impuesto de finalidad ecológica que tiene la naturaleza de recurso tributario de la Comunidad Autónoma de Aragón y que se encuentra afectado a la financiación de las actividades de prevención de la contaminación, saneamiento y depuración". Tiene sentido pagar por el saneamiento y por lo que se ‘ensucia’, pero este tributo ha de servir para tener agua de calidad y sin tóxicos en el grifo de casa. Lo cual tiene su gracia dadas las circunstancias. En los pueblos ribereños al río Gállego, cuyo abastecimiento se toma del cauce o de su proximidad, sabemos que el lindano y otros contaminantes nos vienen desde Sabiñánigo sin solución de continuidad. Pero eso es otro tema. Tributamos en una zona donde las aguas dejan mucho que desear. Hablado en casa y visto el panorama, tocaba ‘cotizar’.
Aprovechando otros asuntos, fui a la caja para hacer el trámite con el trabajador con quien tengo confianza. Pregunté si podía pagar ahí mismo el ICA. Y me dijo que no, ni a él ni en el mostrador. Hay que pasar por el cajero o por internet. Muy amable, me explicó in situ, en el propio aparato, cómo hacerlo. No es nada del otro mundo, pero me hizo pensar unas cuantas cosas. Algunas de ellas, se las dije de bote pronto. Otras las he madurado con los días.
La digitalización de las relaciones sociales se nos ha echado encima. Esto nos afecta a procesos cotidianos que están directamente conectados con el uso del tiempo y de las tecnologías pero también con las formas de confianza y del pegamento de la sociedad. Cualquiera es consciente de que cuando hablamos con una máquina no es igual que hacerlo con otro humano. A mí no me gusta hablar con una grabación de una central de llamadas. Pero no me queda más remedio. Cada vez son más las interacciones con máquinas que sustituyen procesos antes mediados por personas. Esto se dice que es imparable. Sin embargo, también es una oportunidad de negocio y un reto para la sociedad.
Pienso en mi madre. Cuando quiere arreglar algo acude ella misma, busca -y buscamos- personas de confianza con las que hacer las gestiones. Pero eso parece que no será el futuro. Como mucho, un ‘chatbot’, una conversación con una máquina o con un asesor telefónico. Las personas de carne y hueso desaparecerán paulatinamente. Esto no dibuja un escenario mejor a lo que hemos conocido, vamos camino de la hipertecnologización. La digitalización de los servicios, que tiene muchas cosas interesantes, produce exclusión digital de dos tipos.
La primera es de carácter generacional y competencial. La relación con las máquinas y con medios de gestión telemática requiere unas destrezas que no están extendidas entre la población envejecida, mayoritaria en nuestro país. Pero también requiere de capacidades lecto-escritoras que algunos jóvenes, por mucho que usen sus maquinitas y móviles, no siempre tienen. La segunda es física o, si se quiere, ‘sólido-ondulatoria’. Si no se tiene cerca un cajero con las prestaciones necesarias no se puede pagar el ICA. Y cuando no hay cobertura, ni con móvil ni con computadora. Así que en el pueblo de mi padre, para lo primero se han de recorrer unos cuarenta kilómetros. Para lo segundo, todavía estamos esperando.
A la exclusión digital se suma la exclusión financiera. Si quieres servicios, vete a la ciudad. Si quieres tener dinero en la cartera, prepárate para recorrer unos cuantos kilómetros. Han cerrado las pocas sucursales que había y ni siquiera han pensado en oficinas móviles. Mal vamos, porque además en Aragón la Ley 3/2018 es pura trola. "Artículo 81. Derecho de acceso universal a Internet. 1. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica. 2. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población".
Chaime Marcuello Servós es profesor de la Universidad de Zaragoza
