Papel de oposición
Convertida en una de sus primeras declaraciones nada más tomar posesión de la cartera ministerial, el vicepresidente Pablo Iglesias pidió a los movimientos y organizaciones sociales que mantuvieran un permanente tono de exigencia y reclamación con el Gobierno: «No dejéis de criticarnos, no dejéis de presionarnos». Reo de sus palabras, Iglesias buscó tender un puente de complicidad con el mundo asociativo invitándoles a participar desde la discusión en las decisiones del Ministerio. El inteligente gesto preventivo y apaciguador olvidó, quizá de forma consciente, animar también a la crítica a los parlamentarios de los grupos de la oposición, principales responsables de la fiscalización del Ejecutivo.
La democracia está construida, tal y como explicaba el teórico británico del XIX Walter Bagehot, sobre el gobierno de la discusión, haciéndose imprescindible el concurso de una musculada actividad parlamentaria. La crítica, la desplegada por los partidos, los medios de comunicación y las organizaciones sociales, es algo tan consustancial a la naturaleza política que un mal papel de la bancada de la oposición conlleva un deterioro de la calidad democrática. En el Reino Unido la oposición queda definida como ‘Her Majesty’s Most Loyal Opposition’ (La Muy Leal Oposición de Su Majestad) y cuenta con una completa estructura de gobierno en la sombra que refleja la elevada consideración y responsabilidad parlamentaria que posee el partido que ha perdido las elecciones.
A quien no soporta el peso del gobierno le conviene calibrar la naturaleza de las batallas que emprende. Diferenciar entre aquellos asuntos que dañan la división de poderes del Estado cuando se elige a la ministra saliente de Justicia como fiscal general del Estado y aquellos otros que tan solo fijan un cambio en el día de celebración del Consejo de Ministros, aparte de evitar el despiste de la opinión pública, confiere categoría a la oposición. Repartidos los papeles, los protagonistas del debate público deben ser conscientes de sus obligaciones: el Ejecutivo, gobernar con transparencia y la oposición, ofrecer un solvente modelo alternativo alejado de la ocurrencia y la falta de reflexión.
Conformado el nuevo Ejecutivo de coalición, la oposición aún busca su sitio. Sin un discurso trabado y reconocible, Pablo Casado está mostrando serias dificultades para encontrar el tono. Inclinado hacia el exceso y víctima del espejismo ofrecido por la ganancia en escaños lograda en las pasadas elecciones, insiste con demasiada frecuencia en el error de introducirse en el arriesgado mundo de la falta de matices que ofrece Vox. Lejos de obligar al PP a construir un moderado argumentario de oposición, firme en las convicciones y dotado de los reflejos necesarios para leer anticipadamente la realidad política, el populismo de la extrema derecha de Santiago Abascal inunda con demasiada frecuencia las filas populares. La preocupación por el lugar que tiene que ocupar Casado, expresada por varios de los barones del partido y puesta de manifiesto esta misma semana con la marcha del portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Sémper, ha adquirido una condición urgente. Con Ciudadanos convertida en una fuerza residual y con el creciente protagonismo de Vox, el PP corre el riesgo de perderse en la fácil asimilación que se hace de las tres derechas como un único bloque. Los populares, un partido que no puede olvidar su vocación de gobierno, no solo debería liderar la oposición sino que también habría de reclamar su papel en una legislatura que se prevé plagada de ámbitos de negociación que no deben ignorarse.
La falta de definición de los populares parece que les ha hecho no reparar en el peso e importancia de su participación. Los principales cambios que podrían emprenderse requieren de una mayoría con la que no cuenta el Gobierno de coalición y reformas tan importantes como la del Consejo General del Poder Judicial exigen que Casado se muestre dispuesto. Corre el PP el riesgo de instalarse en el bloqueo, de convertirse en un freno que impida la actividad de una legislatura que no pertenece en exclusiva a los inquilinos de la Moncloa.
