En el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos que debiera sustentar el próximo Gobierno de España se reserva un epígrafe para las políticas culturales, compartido con las de promoción del deporte. Lo encabeza una apelación genérica, "asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector", luego desarrollada con algunas, pocas, propuestas de medidas. El mensaje es vago, suena a brindis al sol, pero si se pusieran a su realización darían respuesta a dos problemas nucleares de la cultura española y, por ende, de quienes habitan el país: las desigualdades, crecientes, también están apartando a aquellos que disfrutan de los placeres estéticos, que tienen sensibilidad y capacidad crítica, de una mayoría bastante embrutecida, privada de alimentos esenciales para la realización personal; y, al tiempo, los creadores en todos los ámbitos, así como los gestores que canalizan sus obras hasta el público, malviven frecuentemente sin consideración social ni una estabilidad económica que les permita enfocarse en sus trabajos, en una situación muchísimo peor que la de la media europea.

Ese apartado del pacto entre partidos es el sexto de once. Va en buen puesto y es novedad, porque la cultura (aunque su fomento explique la existencia de una administración pública como pocos otros aspectos de la gobernanza), ha brillado por su ausencia en las últimas, muchas, campañas electorales, perdiendo posiciones en la agenda política. Campañas en las que, mientras tanto, han ganado peso las invocaciones al patriotismo, ya sea el más primario, el que saca a paseo la bandera como primer argumento, u otro más evolucionado con el apellido de constitucional.

Las patrias, como todas las ficciones con las que nos manejamos los humanos para hacer llevable la existencia, necesitan algún apoyo, y siempre es mejor que este sea cultural, como conjunto de las creencias, costumbres y creaciones compartidas en un territorio. Porque si no puede serlo el étnico.