Hacia un contrato verde
Explicaba hace unos meses el exalcalde de Zaragoza y actual presidente del Consejo Aragonés del Movimiento Europeo, Juan Alberto Belloch, que las dos grandes utopías del siglo XXI, pero igualmente aprehensibles, eran la causa feminista y la actuación contra el cambio climático. Víctimas de poderosos frenos y lejos aún de unos mínimos estándares compartidos que puedan sentenciar que existe una única senda de trabajo a nivel mundial, estos dos grandes retos tan solo han logrado colarse en el imaginario colectivo occidental, generando un cierto reflejo de desesperanza.
Presos de un exceso de gestos, en la mayoría de los casos más vistosos que prácticos, la evidente emergencia climática del planeta sí ha permitido apartar a los negacionistas del debate público –las emisiones de dióxido de carbono están en máximos históricos y la tierra soporta un irrefrenable incremento de su temperatura–, mientras ha dado arranque el necesario proceso que alterará nuestros usos como consumidores. Reparando en los riesgos que este cambio introducirá a corto plazo en las economías, con un evidente peligro de destrucción de los millones de puestos de trabajo que viven de las industrias no sostenibles, se debe incluir un interrogante sobre la velocidad de un proceso que corre el riesgo de minorar o calificar como un daño colateral las muchas consecuencias sociales. Ejemplos no faltan y casos como la térmica de Andorra y los efectos directos sobre el empleo y el PIB pueden descubrirse en cualquier lugar del mundo.
Bajo un escenario de cambio sin marcha atrás –solo hay que observar qué está ocurriendo con los mensajes estratégicos de las grandes compañías eléctricas nacionales y cómo están abandonado los principales productores de automóviles los combustibles fósiles– el necesario acompañamiento político ha sabido subirse a una ola reguladora que exige respuestas ante un problema tan concreto como es la reconversión laboral. El reto, de una especial complejidad, pasa por descubrir cómo se transita de un escenario a otro apoyando la creación de empleo mientras se garantiza la sostenibilidad del planeta y la transformación de las economías menos innovadoras.
En Estados Unidos, por ejemplo, la mediática congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortez, abanderada del Green New Deal, tiene claro que un nuevo contrato social y verde salvará la Tierra ofreciendo miles de empleos apoyados en una nueva economía. A su juicio, lo sostenible no está reñido con el modelo capitalista e invita a los norteamericanos a sumergirse sin miedo en una nueva era tan ecologista como rentable. Definir este nuevo ‘contrato verde’, capaz de darle la vuelta a la forma como se ha venido produciendo y consumiendo desde la II Guerra Mundial, un sistema que ha ofrecido altas cotas de confort y desarrollo, es la incógnita que hay que despejar en los próximos años.
Sin soluciones únicas, tampoco la Cumbre del Clima de Madrid parece ofrecerlas, solo se puede concluir que el gran pacto verde no es en exclusiva una cuestión ecologista. Harán falta recursos –la Comisión Europea ya ha anunciado que está a punto de cerrar su proyecto de pacto verde con un presupuesto de 168.690 millones de euros– y un compromiso de concienciación empresarial tan importante como el que ha permitido la actual transformación digital. Una economía verde, aparte de sostenible, debe tener conciencia.
