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Opinión

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Siete siglos después

ACTUALIZADA 01/12/2019 A LAS 02:00
El estatuto de Jaime II.
El estatuto de Jaime II.
Lola García

Con irresponsabilidad incalificable, los dos últimos líderes socialistas -excluido de la cuenta el asturiano Javier Fernández- han hecho caso omiso del artículo 2 de la Constitución y de su significado doctrinal: la nación española es una e indivisible. En lenguaje de ley, es un aserto diáfano, pero ambos han insistido en que el concepto de nación es cosa discutible -Rodríguez Zapatero- y en que España es un estado plurinacional -Sánchez Pérez-Castejón-. Los dos han orillado el aserto de la Constitución y han desechado la diferencia entre los conceptos, también constitucionales, de nación y nacionalidad. De intento mezclan el plano legal con el político, por conveniencia táctica, para lograr aliados de ocasión y sin reparar en el destrozo conceptual -es siempre lo más grave: las ideas- con el que lesionan la secular unidad de España como estado; hoy, estado de derecho, parlamentario, social y democrático.

Entre ellos dos, un Rajoy cuyos principios se deslieron en una gobernación pacata y remolona, que agravó el mal.

El PSOE extiende su organización federal a su ideal de Estado, como si tuvieran conexión mecánica ambos planos. Es como si se dedujese el Estado federal de la existencia de federaciones deportivas o de entidades apicultoras. Eso no tiene nada que ver con la idea del Estado y comunicar los dos planos es una grosería.

Históricamente, tampoco se explica la fe en un estado federal español. Es obvio que la organización federal es un objetivo para unidades que desean lograr constituir funcionalmente una unidad no meramente mayor, sino superior, porque carecen de ella, caso contrario al de España. Y, además, la experiencia federal española ha sido un fracaso doloroso y dañino cada vez que se ha intentado; más notoriamente, durante la I y la II República. En fin, quienes apoyan (solo tácticamente) esa vía son, principalmente, partidos que no son federalistas, sino separatistas y, acaso, confederalistas, que no lo ocultan, aun sin contar con respaldo social bastante. Incluso mayorías comiciales estables como las del PNV, no se corresponden socialmente con el separatismo que a toda hora proclaman sus altaneros dirigentes de un tiempo a esta parte.

Un problema antiguo

Precedente interesante lo suministra una formación política tan compleja (‘composite monarchy’, según John Elliott) como la Corona de Aragón, de cuyas pretendidas hijuelas modernas (‘els Països Catalans’) ha sido excluido radicalmente Aragón, el reino fundacional, por criterios etnicistas, típicos del nacionalismo catalán nacido en el siglo XIX.

La Corona de Aragón fue, entre otras cosas, una unión dinástica de reinos y principados heterogéneos (Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Rosellón, Cerdaña y otros), vinculados por compartir un mismo soberano de la Casa de Aragón. Este hecho por sí solo no explica que la Corona sobreviviera unida durante tantos siglos. Hay causas más profundas. Una de ellas es de carácter jurídico.

Jaime II, no en vano llamado el Justo, promulgó un estatuto de importancia excepcional. El rey -y sus juristas-, apoyado en el Evangelio (Mateo 12, 25; Lucas, 11.17) y sabedor de que "todo reino dividido contra sí mismo será destruido", dispuso que sus estados hispanos permaneciesen unidos e indivisos, "porque la fuerza unida de muchos sea más capaz de defender la justicia (...) y la cosa pública se preserve". Habían existido intentos de separar los reinos de Aragón y Valencia y el condado de Barcelona, a la vez que se manifestaban entre estos, de vez en cuando, tendencias centrífugas. Con superior visión, Jaime disponía que los reinos de Aragón, Valencia y el condado de Barcelona, con sus derechos en el reino de Mallorca, en los condados de Rosellón y Cerdaña, y otros territorios, permanecieran perpetuamente unidos sin que pudieran ser separados por ninguna causa ni bajo ninguna excusa. Sus sucesores, empezando por su hijo (Alfonso IV), jurarían respetar este estatuto y se tendría por nula cualquier disposición en contra. Se entregaron ejemplares de la norma a los concejos de Zaragoza, Valencia y Barcelona, como cabezas de Aragón, Valencia y principado de Cataluña. El núcleo de la Corona adquiría así entidad política sustantiva e irrevocable, por encima incluso de la voluntad del monarca. "Ordinamus quod regna nostra Aragonum et Valentie ac Comitatus Barchinone (...) sint et maneant perpetuo unita, et in unum ac sub uno solo dominio atque domino perseverent". No es menester traducir este latín, deficiente, pero claro, escrito en 1319. Precisamente el 14 de diciembre: este mes hace siete siglos de ese afianzamiento en la unidad de algunas de sus partes, experiencia que resultó afortunada. Hoy, en cambio, está el Gobierno de España caminando en sentido opuesto, de modo tal que una parte mínima de los electores (9,57%) está a punto de imponer su voluntad al resto de los ciudadanos. Mal.

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