A vueltas con el jurado

Cuesta creer que la Justicia sea un cachondeo –como dijo Pedro Pacheco–, pero a veces es un tanto incomprensible. No se acaba de entender cuando produce sentencias y condenas que en apariencia no guardan proporcionalidad. Unas por su contundencia, otras por su laxitud. Sin prejuzgar nada, ahí está el caso de Rodrigo Lanza: condenado a cinco años por dejar tetrapléjico a un guardia en Barcelona, acaba de recibir idéntica pena por matar a un vecino de Zaragoza. 

Dos historias con desenlaces tremendos para las víctimas y sus familias, pero con la gran diferencia de que una ni siquiera lo puede contar. Cinco años por una vida, el doble que a aquella madre que estuvo a punto de ir a la cárcel por comprar pañales para sus hijas con una tarjeta de crédito extraviada en la calle. Aparente desproporcionalidad que cuesta muchísimo comprender. Y que en este caso vive también de las dudas que siempre ha suscitado el jurado popular entre quienes prefieren una Justicia exclusiva de jueces, fiscales y abogados. 

En sus casi 25 años de funcionamiento, los juicios con esta figura se han desarrollado con más normalidad que estridencias, pero las dudas sobre la capacidad y el alcance del jurado nunca han dejado de existir. El caso de Lanza vuelve a poner el foco sobre este viejo debate: si actuó movido por "odio ideológico" –como admite el juez–, es razonable que haya quien piense que los miembros del jurado se dejaran guiar por sus propias simpatías o antipatías ideológicas. Si así fuera, ni el veredicto ni el fallo podrían ser justos.