Nadie está por encima de la ley

Visto para sentencia quedó ayer el juicio contra Joaquim Torra por un presunto delito de desobediencia por no haber descolgado la pancarta a favor de los presos del Palacio de la Generalitat durante la precampaña de las elecciones generales del 28 de abril. Él mismo se autoinculpó al admitir que desobedeció la orden de la Junta Electoral Central. Al Tribunal le corresponde determinar ahora si hubo delito y dar un veredicto conforme al ordenamiento jurídico con la misma imparcialidad con la que se actúa ante cualquier otro ciudadano.

Joaquim Torra se ha convertido en el primer presidente de la Generalitat en activo que es juzgado y en el tercero consecutivo que afronta un procesamiento, después de Artur Mas y Carles Puigdemont. Y ha comparecido haciendo alarde del mismo tono desafiante y totalmente impropio del máximo representante del Estado en Cataluña. El ‘president’ ha admitido que desoyó la orden (la ha calificado de «acto de censura»), pero se ha justificado con el absurdo argumento de que se trataba de una orden «ilegal», dando a entender que él es quien valora lo que es legal y lo que no lo es, y, por lo tanto, lo que le apetece acatar y lo que no. Una vez más se burla del Estado de derecho al ignorar que un presiente autonómico debe velar por el cumplimiento de las leyes, y que él debe ser el primero en acatar las decisiones judiciales. En todo caso, si algunas le parecen injustas, está obligado a trabajar para cambiar las normas a través de cauces legales y democráticos.

Torra ha perdido el respeto a la institución que encabeza de forma accidental, por la huida de Puigdemont a Bélgica, y ha vuelto a hacer gala de ello al intervenir ante el tribunal con una actitud muy alejada de quien debe dar ejemplo de respeto a las leyes. Lejos de mostrar arrepentimiento, ha convertido su comparecencia en un alegato político contra el Estado. Cataluña debe acudir a las urnas cuanto antes para poner fin a este despropósito.