Era el Congreso de los Diputados, pero era también el paisaje después de una batalla inútil y cruenta. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaban ayer, ante las cámaras de televisión, un acuerdo que incluye una dolorosa capitulación del líder socialista: levanta el veto a la presencia en el gobierno del dirigente de Podemos, cuya compañía política, según decía en verano, le hubiera impedido conciliar el sueño. 

Ahora, seis meses de gobierno en funciones después, tras unas elecciones repetitivas e innecesarias, con un millón de votos más para la extrema derecha y un millón menos para la izquierda, con el centro demolido y los extremos al alza (Vox en la oposición y Podemos en la Moncloa), Sánchez e Iglesias vuelven a la casilla de salida. El problema, ademas del dinero gastado y de la desafección generada, es que el escenario es más complicado. La crisis territorial se ha agravado y los indicadores económicos empeoran. El Parlamento donde tienen que buscar apoyo los nuevos aliados, por sí solos lejos de los 176 escaños que necesitan, está más fragmentado y con más fuerza independentista. Conseguir la investidura será un primer paso, gobernar con coherencia y para la mayoría que se identifica con los valores constitucionales es la otra tarea, tan complicada como obligada.