Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes tendrán que rendir cuentas ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado caso Púnica por presuntos delitos de corrupción vinculados a la financiación irregular de campañas electorales del PP de Madrid. Es una nueva prueba de que la Justicia, con sus limitaciones, funciona en España y de que rige la imprescindible separación de poderes.

El juez Manuel García-Castellón ha citado a las dos expresidentas de la Comunidad de Madrid como imputadas en el macrosumario de corrupción que se investiga desde febrero de 2014 y que encara su fase final. El magistrado pretende conocer su papel en la trama corrupta liderada por el exconsejero madrileño Francisco Granados y en la financiación irregular del PP madrileño entre 2003 y 2011, años en los que Aguirre encadenó mayorías absolutas. El magistrado considera que Aguirre que ejercía la «supervisión» de la supuesta caja b del partido en la Comunidad. Cifuentes está imputada por la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Se cierra así el cerco a la presunta corrupción en el PP madrileño.

La imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes tiene al menos dos interpretaciones. La valoración negativa es que uno de los partidos sobre los que se ha fundamentado la democratización de España en los últimos cuarenta años siga atrapado por las consecuencias de los escándalos de corrupción, que ya acabaron con la carrera política de Mariano Rajoy. La interpretación positiva es que la Justicia funciona, a pesar de la lentitud de muchas de sus actuaciones. La decisión de citar en calidad de investigadas a dos figuras del PP tan destacadas es una buena prueba de la eficacia de un sistema democrático en el que el poder judicial debe jugar, desde la independencia, un papel fundamental en el acorralamiento de la corrupción. El papel que, por otra parte, la política no jugó a su debido tiempo.