La parálisis institucional en Aragón tiene congelados más de 55 millones de euros destinados a subvenciones, ayudas y convenios de la DGA. El retraso en la constitución del Gobierno afecta también a seis equipamientos sanitarios, una veintena de obras en colegios y a inversiones en Teruel. Algo semejante ocurre con la formación del Ejecutivo nacional, que también tiene paralizados los Presupuestos del Estado. Las principales fuerzas parlamentarias tienen la obligación de acabar con los bloqueos que han impuesto en el escenario político.

La parálisis de las instituciones, como consecuencia de la falta de acuerdo entre los partidos para formar gobiernos estables y sólidos donde este trámite está pendiente, amenaza con paralizar también la puesta en marcha de proyectos y de reformas necesarias para asegurar la prosperidad del país y de sus comunidades autónomas. De hecho, la inestabilidad política es uno de los factores más perjudiciales para el crecimiento económico, en tanto que impide la aplicación de decisiones urgentes y cierra el paso a la elaboración de leyes imprescindibles. Además, cuando se bloquea la formación de un Ejecutivo solvente incluso a partir de los pasos políticos previos para ello, como la investidura, se inflige daño a las instituciones, porque se favorecen las dudas sobre su idoneidad y eficacia.

Tanto el Gobierno del país como el de Aragón siguen en funciones porque la estéril polarización política ha impedido todavía forjar los acuerdos imprescindibles para asegurar la gobernabilidad. Es cierto que la economía mantiene un buen ritmo porque la sociedad civil no se ha contagiado del clima de bloqueo. Sin embargo, esto no debe continuar así. La debilidad parlamentaria de los últimos Gobiernos y la ‘costumbre’ de sobrevivir con Presupuestos prorrogados están obligando a postergar reformas e inversiones que eran necesarias hace tres años y que hoy son urgentes.