Salta a la vista que una gran ola de intolerancia recorre España. Quienes siempre imponen su voz a gritos no dudan en atribuir todos los males a una extrema derecha recién aterrizada y estratégicamente alentada por la antípoda ideológica, pero que ni estaba ni se le esperaba cuando esta epidemia estalló hace ya mucho tiempo.

Alguien tendrá que explicar qué polo extremo impide que en el pueblo del ‘carnicero’ Ternera se pueda pedir libertad y honrar a los asesinados por ETA. Que en Pamplona sea imposible ir a la procesión de San Fermín sin recibir patadas o escupitajos de esos mismos bildutarras y, de postre, un bofetón de silencio cómplice de este PSOE que pacta con ellos. O que haya vetos para apoyar a quienes deciden salir del armario, solo porque algunos colonos del exterior se sientan invadidos y opten por el portazo reventándote los dedos.

Desconozco si para el ministro en funciones del Interior Grande-Marlaska –paradójica víctima de vergonzosas andanadas homófobas en su propio gobierno– todas esas actitudes deberían tener 'consecuencias'. Pero es evidente que no las han tenido, como hubiera ocurrido en cualquier Estado democrático y de derecho. Nada de eso ha pasado durante su mandato. Asumido que en este país no renuncia ni el Tato, tampoco merece la pena pedir su dimisión solo por incidentes como los del Orgullo con Cs. Sí debería hacerlo por su pasividad frente a tanta intolerancia de los mismos de siempre.