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SGAE

Nuevo vuelco en la SGAE tras la crisis que comenzó en 2011

Desde que el 1 de julio de 2011 la Guardia Civil registrara la sede de la SGAE en Madrid, la entidad vive sumida en la crisis.

Efe. Madrid Actualizada 16/07/2013 a las 18:04
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Antón ReixaEFE

La junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha decidido este martes la salida de Antón Reixa como presidente de la entidad, catorce meses después de haber sido elegido, en el marco de una crisis que comenzó el 1 de julio de 2011.

Fue entonces, un día después de celebrarse elecciones a la Junta Directiva, cuando la Guardia Civil registró la sede principal de la SGAE en Madrid y detuvo a nueve personas, entre ellas al que entonces fuera presidente del consejo de dirección, Teddy Bautista, en el marco de la "Operación Saga", autorizada por la Audiencia Nacional.

El auto del juez Pablo Ruz, hecho público unos días después, manifestó que el director de la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae), José Luis Rodríguez Neri, construyó un castillo de sociedades para lucrarse, y creyó probado que cobraba sobresueldos facturando hipotéticos servicios de consultoría a empresas de su propiedad.

Asimismo, señaló que Bautista "autorizó, consintió e impulsó" el desvío de fondos "ideado" por Neri. Fue imputado de un delito de apropiación indebida "de especial gravedad", de otro de administración fraudulenta y de un tercero societario.

A raíz del escándalo, la nueva junta directiva de la SGAE, recién constituida, anunció la creación de una comisión rectora que asumiría el poder ejecutivo hasta la convocatoria de nuevas elecciones y el 12 de julio aceptó la renuncia de Bautista.

Los nuevos comicios a la dirección general de la SGAE se celebraron el 26 de abril de 2012. Reixa logró la mayoría al frente de la lista de Autores Unidos por la Refundación (AUNIR). El 8 de mayo, con 24 votos a favor de los 37 asistentes a la primera reunión de la nueva junta directiva, fue elegido presidente.

"No hay vuelta atrás. Aquí empieza la nueva SGAE". Con esta frase, el nuevo presidente de la sociedad resumía la ruptura con el polémico pasado de la entidad.

Poco después se conoció que, según el informe de gestión de 2011, la SGAE registró unas pérdidas de 4,6 millones de euros, que se sumaban a los 13,5 millones de euros negativos de 2010.

En diciembre, Ramoncín fue imputado en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional por un supuesto desvío de fondos.

La refundación prometida por Reixa comenzó a andar ese mismo mes, con una reforma de los estatutos de la entidad aprobada por amplia mayoría.

Sin embargo, no acabaron ahí los escándalos. El pasado marzo, Reixa dirigió una carta a los socios de la SGAE en la que denunciaba que once autores podrían haber recaudado, en cinco años, más de 25 millones de euros mediante una práctica consistente en falsear autorías de música.

Los verdaderos autores, que pueden ceder un máximo del 50 por ciento de sus derechos, renunciarían en realidad a otro 20 ó 30 por ciento en favor de productores intermediarios de espacios televisivos, que aparecen como coautores de las piezas musicales.

El 9 de abril Reixa superó una moción de confianza que él mismo había planteado ante la junta directiva, tras unas informaciones que le acusaban de tráfico de influencias. Reixa recibió 27 votos a favor frente a 10 en contra y 2 abstenciones.

El 11 de junio, Juan Carlos Fernández Fasero, delegado de la SGAE en la zona noroeste hasta el 10 de mayo, acusó al directivo de mentir para "mantenerse en el poder".

En concreto, dijo que Reixa habría recibido para su productora, Filmanova Invest, una subvención por parte de organismo público.

Reixa respondió días después en una carta que no tuvo "la última palabra" en la contratación y el despido de Fasero.

Las pérdidas continúan bajo su mandato. Según el informe de gestión correspondiente a 2012, conocido hace unas semanas, la SGAE registró unas pérdidas de 1,8 millones de euros en un año.

Aún así, los socios aprobaron el pasado 20 de junio las cuentas correspondientes a ese ejercicio, con un alto porcentaje en contra y en una asamblea en la que además se pidió su dimisión. El vicepresidente, Luis Miguel Fernández Sastrón, tachó las cuentas de "ilegales".

En su defensa, salieron un grupo de 183 artistas y socios de la SGAE a través de una carta remitida a la junta directiva de la sociedad, que no ha surtido el efecto deseado por los firmantes.  




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