Competencia considera un "monopolio" a la SGAE y otras gestoras de derechos de autor

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) calificó de "monopolio" a la SGAE y otras gestoras de derecho de autor y solicitó, en un informe, el cambio de la actual situaciólotación de obras y prestaciones fundamentales del futuro". En este sentido recomienda la "remoción" que elimine las barreras de entrada.

La actual situación es un problema en todos los aspectos, según la CNC. Por una parte, reduce sus incentivos a operar de modo eficiente y facilita la aparición de problemas, como que los usuarios gestionen de modo eficiente sus costes y para que "se desarrollen mercados no tradicionales de explotación de obras y prestaciones". Estos problemas se incrementan por la "multiplicidad de de derechos y entidades" (siete) y por la falta de claridad de la Ley de Propiedad Intelectual en la comercialización de los derechos.

En cuanto a las tarifas, la CNC considera que los problemas que surgen sobre el pago de estos derechos se deben a que se establecen de forma unilateral sus precios "sin ajustarse al valor económico de la utilización del repertorio y al uso efectivo de los repertorios". Además, insiste en que las entidades son "reacias" a hacer este cambio "a pesar de que es tecnológica y económicamente viable en muchos casos y las entidades utilizan informes de uso efectivo para repartir un porcentaje muy alto de lo que recaudan".

Transparencia

El informe también critica al Ministerio de Cultura por la autorización previa que debe conceder a las gestoras de derechos.

"Estos requisitos introducen un elevado grado de incertidumbre, falta de claridad y subjetividad", apunta. Además, asevera que esta situación "cierra el paso a otras formas de gestión". Por estos motivos, Competencia considera necesario mejorar la regulación de unas entidades que abusan de su posición de dominio y crear la figura de un regulador o comisión que "pueda dirimir de forma vinculante toda clase de conflictos en materia de propiedad intelectual".

Este organismo estaría centrado en aquellos conflictos tarifarios entre las entidades de gestión y los usuarios, ya sean sobre derechos exclusivos o de remuneración. Asimismo, podrá actuar de oficio siempre y cuando las partes hayan negociado previamente.