En tromba y con gruesos descalificativos. El hasta hace unos días desconocido 'caso de las basuras' se ha convertido en el arma arrojadiza del verano entre Gobierno y oposición. Los principales dirigentes del PP denunciaron ayer la ilegalidad de la detención del presidente de la Diputación de Alicante y de la operación de la Fiscalía Anticorrupción. Mariano Rajoy apuntó directamente a Alfredo Pérez Rubalcaba como responsable del "espectáculo" de la redada del martes que supuestamente carecía de permiso judicial. Otros en su partido llegaron a calificar de "secuestro" el arresto de Ripoll.

Rajoy anunció que llevará al Congreso la polémica Operación Brugal y que pedirá la comparecencia del ministro del Interior para que explique las "contradicciones" entre la versión de la Policía y la del juez del caso, que insiste en que no autorizó las detenciones y en que nadie le informó de la redada hasta después de producirse. "Fue un espectáculo muy poco edificante", apuntó el líder del PP, que aseguró que en su época como responsable de Interior "estas cosas no ocurrían". La utilización política de la Brigada Antiblanqueo, un argumento que los populares han usado con generosidad para defenderse en el caso Gürtel, se ha convertido también en el centro de la estrategia esta vez.

El menos comedido fue el portavoz del PP en el Senado. Pío García Escudero no se anduvo con rodeos y habló de "secuestro" de Ripoll a manos de la Policía Judicial en un "gran montaje mediático" sin que hubiera "delitos flagrantes ni órdenes judiciales".

Por su parte, la vicepresidenta Fernández de la Vega reprochó a Rajoy, al que tachó de "irresponsable e imprudente", por los ataques a la Policía. "Una vez y ya son demasiadas -dijo en referencia velada al caso Gürtel-, Rajoy no tiene nada que decir, ni una explicación que dar, ni una dimisión que pedir, ni una disculpa que ofrecer". "Ya está bien de eludir responsabilidades, de querer echar la culpa a los demás de sus errores y de que querer seguir escondiendo la basura bajo las alfombras", denunció.

El ministro de Justicia hizo gala de un perfil más técnico. Francisco Caamaño insistió en que están "ante un proceso judicializado", en el que había un auto de entrada y registro, que amparaba las actuaciones. "La ley se aplica igual para todos. A toda clase de delincuentes y también al PP", apostilló.