Si alguien mata o viola como un adulto, que pague como un adulto". Es la frase que repite la madre de Sandra Palo cada vez que se le pide su opinión. Que suele ser cuando ocurren casos trágicos como el que sufrió su hija, de esos que conmocionan a la opinión pública. En menos de una semana, 13 menores han violado a dos niñas, de 12 y 13 años, en Córdoba y Huelva. El debate sobre la necesidad de rebajar la edad penal está abierto, entre la disposición del PP y de algunos magistrados y los llamamientos a "no legislar en caliente" del Gobierno.

La Ley del Menor, aprobada en 2000 por el Gobierno de José María Aznar y reformada por última vez en 2006, prevé un internamiento en régimen cerrado de un máximo de diez años para los delincuentes de 16 y 17 años, y de hasta seis para los menores de 15 y 14. Esta norma avala que el Rafita, que a los 14 años lideró el rapto y violación de Sandra Palo, a la que luego él y sus amigos atropellaron y quemaron viva, se encuentre ya en libertad tras cuatro años internado. También protegerá al Cuco, acusado a sus 15 años de violar y asesinar a la sevillana Marta del Castillo en colaboración con Miguel Carcaño.

"Es una buena ley, valorada como muy positiva por todos los profesionales que trabajamos directamente con menores infractores y que permite intervenir de forma eficaz con todos aquellos que cometen faltas o delitos". Pascual Jiménez de Bagüés es educador social del equipo de atención educativa a menores infractores de 14 años (EMCA), dependiente del Servicio Aragonés de Protección al Menor de la DGA. A su juicio, y tras muchos años de experiencia, la legislación se adapta igual a los delitos graves, con penas altas cumplidas en centros de internamiento, que a las infracciones menores, "que permiten la mediación y conciliación con las víctimas y las reparaciones de los daños, y que están resultado muy positivas tanto para la víctima como para el menor infractor", asegura. Eso sí, advierte, hay que actuar con rapidez y eficacia.

Tramitar las denuncias

En cuanto la fiscalía de Menores recibe una denuncia, la remite inmediatamente al EMCA. Hasta ahora van 219, según datos del propio servicio, y lo normal es que al año se den alrededor de 400. En 2008, esta regla se rompió y solamente se tramitaron 334. Jiménez de Bagüés ofrece una explicación al respecto. "El pasado fue un año raro. Con la Expo hubo menos detenciones, tanto de menores como de mayores, porque había muchos menos policías en la calle", asegura.

El caso es que la denuncia llega a las oficinas que el equipo de educadores tiene en la zaragozana calle Lagasca. "La mayoría de los casos son de faltas, no por delitos", reconoce este experto. Pintadas en las fachadas, rotura de cristales en la vía pública, peleas o pequeños robos, sobre todo. Abusos sexuales se dan pocos, apenas un 1% al año, y son, sobre todo, "juegos de curiosidad", según el educador social, que, aun así, reconoce la necesidad urgente de "tratarlos y reconducirlos", sobre todo para que la situación no tenga una proyección más negativa en un futuro. Casos de violaciones graves como los de las dos niñas que ahora han puesto de nuevo la Ley del Menor en el disparadero son casi nulas. De hecho, solo tienen constancia de una, ocurrida en 2002, y se actuó tan rápido que la menor, en la actualidad, no tiene secuelas psicológicas y el agresor está plenamente rehabilitado.

"Las familias colaboran inmediatamente con nosotros, sobre todo porque están asustadas, confundidas, sin saber cómo tratar al menor ni cómo ejercer su autoridad", explica Pascual Jiménez de Bagüés.

La primera en ser tratada, sin embargo, es la víctima. Es importante, a juicio de los educadores sociales, que se sienta tenida en cuenta, asistida psicológica, física y emocionalmente. Agradecen, explican desde el EMCA, las medidas de reparación social que se fomentan desde sus oficinas, en general creen que son una buena respuesta al delito cometido y, además, se sienten recompensadas, también moralmente.

Después, se trata de que el infractor reconozca que, efectivamente, ha habido una víctima. No siempre es fácil, aunque normalmente los menores acaban asumiendo la infracción. "Pero el 60% de los que no reconocen los hechos también entran en los programas de educación porque las familias así lo quieren", apunta Jiménez de Bagüés.

Pero, ¿qué está fallando para que los menores atenten de tal forma contra el orden establecido? "Los niños deben aprender a contener los instintos violentos para no reproducirlos después en la adolescencia", según el jefe de la sección de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Clínico de Zaragoza, José Mariano Velilla. Este experto explica muchos de estos desmanes en el grado de consentimiento que tienen muchos niños hacia sus deseos y necesidades.

A su juicio, hay adolescentes que no han aprendido a frustrarse y buscan experimentar "más allá de los permitido su capacidad para hacer daño". ¿Qué puede hacer la sociedad para protegerse de estos desmanes? Educar. "A un niño se le educa entre todos", asegura, tajante, Jiménez de Bagüés. Sociedad, escuela, familia. "Es necesario ajustar una ley que permite la impunidad para un menor que comete acciones tan graves", añade Velilla. No solo hay que emprender acciones punitivas, sino seguir trabajando con los menores para rehabilitarlos. "Me niego a pensar que estos menores van a ser para siempre unos psicópatas", concluye.