La Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo dio ayer luz verde a las recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones. Este informe contó con el respaldo del PP y la frontal oposición de los grupos minoritarios de izquierda IU-ICV-ERC y BNG. El texto fue aprobado con 36 votos a favor, dos en contra -correspondientes a las minorías de izquierdas- y ninguna abstención.

No se puede decir que el texto aprobado ayer arroje mucha luz sobre cómo quedará finalmente la reforma de las pensiones, aunque sí avanza tendencias. El Pacto de Toledo ha pasado sobre ascuas en dos asuntos de vital importancia para determinar el alcance de los cambios y el futuro de la prestación por jubilación: la ampliación del periodo de cálculo de la pensión (ahora fijado en 15 años) y la prolongación (más allá de los 65 años) de la edad legal de jubilación.

En el primer punto, los grupos sí han asumido la necesidad de alargar este periodo de cómputo, aunque sin especificar una cifra concreta. El segundo aspecto ha sido el más polémico. Por vez primera desde la constitución del Pacto de Toledo, los grupos han dejado por escrito su desacuerdo sobre la voluntad del Ejecutivo de elevar la edad legal de jubilación.

El texto definitivo pone en un aprieto al Gobierno al incluir entre las 21 recomendaciones el desacuerdo explícito a un eventual incremento de la edad de jubilación de los 65 hasta los 67 años y tira de las orejas al Ejecutivo por decidir, unilateralmente y sin consultar, la congelación de las pensiones para el próximo año. Asimismo, le exige al Ejecutivo que no vuelva a aprobar una medida similar "sin la consulta y el debate" previo del Pacto de Toledo -que, en definitiva, es el órgano donde se debaten las pensiones-.

Esta ambigüedad en las recomendaciones de más calado deja manos libres al Gobierno para que retrase hasta los 67 años la edad de jubilación y amplíe el periodo de cálculo de las pensiones, en el plazo que estime conveniente. Se ha barajado la posibilidad de llegar hasta los 20 años y seguir progresivamente hasta los 25.

21 recomendaciones

Entre los asuntos que han contado con el beneplácito de todos los grupos destaca la solicitud de ampliar la pensión de viudedad para los mayores de 65 años cuyo ingreso principal sea esta prestación, así como alargar la pensión de orfandad hasta los 25 años.

Las sugerencias de la comisión incluyen estudiar que las pensiones se revaloricen respecto al aumento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones de la Seguridad Social, frente al sistema actual basado en el IPC.

También plantea la posibilidad de un incentivo fiscal para que en los matrimonios con régimen de bienes gananciales, el cónyuge que trabaje genere también pensión para el que no está presente en el mercado laboral.

Se aboga por que los periodos de atención a los hijos o familiares dependientes se tengan en cuenta en el cómputo de la pensión. Asimismo, se insta a incentivar fiscalmente los sistemas complementarios de pensiones en los convenios colectivos y para autónomos.

Otra de las propuestas recogidas en las conclusiones es que se facilite la jubilación a los 65 años a quienes hayan cotizado durante muchos años o hayan trabajado en oficios penosos. Esta posibilidad ya fue avanzada por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que dijo que el Gobierno podría estudiar mantener la actual edad para los trabajadores que hayan cotizado durante 35 año o más.