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FRONTERA CON MARRUECOS

Las tensiones en Melilla enfrentan a Gobierno y oposición

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, acudió a la ciudad autónoma, desde donde criticó "el abandono" por parte del Ejecutivo.

La tensión en la frontera entre España y Marruecos en la ciudad de Melilla, a causa de las denuncias de supuestas agresiones denunciadas por activistas marroquíes que protagonizaron bloqueos los últimos días, se convirtió en un nuevo motivo de disputa entre el Gobierno y la oposición.

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular (PP), Esteban González Pons, se adelantó al Gobierno y acudió a la ciudad autónoma que gobierna su partido, desde donde denunció una situación de "máxima tensión" rozando el conflicto y criticó "el abandono" por parte del Ejecutivo.

"Por eso ha tenido que venir el PP a decir a los melillenses que España entera está con ellos", dijo, y añadió que "viendo lo que sucede en Melilla, se confirma que cuando los españoles tienen un problema, no pueden contar con Zapatero".

Las tensiones en la frontera se agravaron en las últimas semanas, cuando el gobierno de Rabat emitió cinco comunicados acusando a la policía española de agresiones por motivos racistas. España negó las acusaciones, pero la situación explotó el pasado jueves, cuando los activistas marroquíes bloquearon la frontera e impidieron la entrada de pescado y fruta a Melilla, una de las dos localidades en el norte de África que pertenecen a España.

Los activistas anunciaron nuevos bloqueos a los materiales de la construcción a partir de esta noche, y de frutas y pescado a partir del miércoles, que podrían prolongarse hasta el fin de semana.

Acompañado del presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, González Pons defendió el trabajo de los efectivos de seguridad y aseguró que la situación se mantiene sin incidentes sólo gracias a ellos.

Además, pidió al Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que visite Melilla para "hablar antes con los suyos" antes de dirigirse a Rabat el próximo 23 de agosto para entrevistarse con su homólogo marroquí, Taieb Cherkaoui.

González Pons exigió además al Ejecutivo que actúe para recuperar la tierra de nadie en la frontera de Melilla, donde se produjeron los últimos incidentes.

También anunció que su partido pedirá la comparecencia en el Congreso de Pérez Rubalcaba y del ministro del Exterior, Miguel Ángel Moratinos, así como de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. "Lo que está ocurriendo es tan grave que parece mentira que tengamos una ministra de Igualdad", dijo Pons.

Precisamente Aído emitió un comunicado condenando los "intolerables e inaceptables" fotomontajes y apoyando a las funcionarias. Según Aído, el tema será tratado por Rubalcaba con el ministro marroquí, a la vez que se tomarán las decisiones oportunas "ante cualquier cuestionamiento de la autoridad por razón de sexo".

El partido socialista en el gobierno acusó a la oposición de "agitar, echar leña al fuego y enredar", dijo el secretario de Ciudades y Política Municipal del partido, Antonio Hernando, en Madrid, que defendió la responsabilidad y diplomacia del gobierno.

El PSOE pidió a los populares que actúen con responsabilidad y eviten "la demagogia, la agitación y el populismo", asegurando que "las bravuconadas y desatinos veraniegos de González Pons" no sirven para solucionar el conflicto, sino para agravarlo.

El presidente del congreso, el socialista José Bono, salió también en defensa del gobierno al considerar que el Ejecutivo está haciendo lo debido en los incidentes en la frontera de Melilla y que "la presión contra un territorio soberano no debe prosperar de ningún modo".

Sin embargo, los efectivos de seguridad se pusieron del lado de la oposición. El Sindicato Profesional de Policía (SPP) criticó la tardanza de una visita del Ministerio del Interior y agradeció la de González Pons.

Además, las funcionarias afectadas por los fotomontajes criticaron al gobierno al considerar que no está apoyando "esta causa" y condenaron el "escueto" pronunciamiento del Ministerio de Aído. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) que las representa anunció una querella contra los responsables de los fotomontajes por injurias, calumnias y atentado contra el derecho al honor.

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