Madrid. Aún quedan cuatro meses para las elecciones, pero apenas caben dudas sobre cuáles serán los ejes que marcarán la campaña del 20-N. Los dos candidatos tienen ya claro cuáles son sus fortalezas y cuáles sus debilidades. Los socialistas quieren para Alfredo Pérez Rubalcaba una campaña en tono presidencialista, porque están convencidos de que su figura de hombre brillante y no exento de magnetismo es la mejor, por no decir la única, baza con la que cuentan. El PP repetirá la estrategia que, según han llegado a admitir los socialistas, a punto estuvo de llevarles a la victoria en 2008: no asustar a los votantes moderados de izquierda y generar dudas sobre las capacidades socialistas para resolver la crisis.

La situación económica. Rajoy, como hizo en la campaña de las autonómicas, centrará su discurso casi exclusivamente en la crisis, aunque ya no cargará las tintas sobre Zapatero. Hará a Rubalcaba corresponsable de que el Gobierno socialista «negara la crisis, que solo reaccionara por mandato de la UE, y que acometiera mal y tarde las reformas estructurales que necesita España». Los casi cinco millones de desempleados serán una de sus principales armas para arremeter contra el PSOE.

Es sin duda el punto débil del PSOE. Rubalcaba tratará de distanciarse de las medidas impopulares adoptadas por el Gobierno en los últimos años. Ya ha prometido que creará un impuesto para la banca que irá destinado a fomentar el empleo juvenil.

El 15-M. Este movimiento irrumpió en la campaña de las autonómicas y municipales. El PSOE siente que puede dañarle más que a los populares. Por eso, Rubalcaba se afana en prometer regeneración democrática, fundamentalmente con una reforma de la ley electoral que asimile España a Alemania (circunscripciones pequeñas y mayor cercanía de los cargos electos con el ciudadano).

Rajoy rechaza de una manera u otra la mayoría de las premisas que defiende el 15-M. Sí comparte la necesidad de un cambio, pero no de sistema político sino de Gobierno. También aboga por menguar los privilegios de los cargos públicos y, sobre todo, de buscar una solución al 45% de paro juvenil. El máximo dirigente considera más relevante el «espíritu del 22-M», en alusión al resultado electoral.

Austeridad autonómica. Rajoy obligó a todos sus candidatos autonómicos a prometer austeridad desde el primer minuto de gobierno. Los primeros recortes han sido estéticos, incluso éticos, pero no eficientes. Podar consejerías, cargos de confianza y coches y teléfonos móviles apenas supone un 1% de ahorro en los respectivos presupuestos. El líder del PP se ha comprometido a conceder una moratoria de diez años para que las autonomías devuelvan los 24.000 millones de euros que adeudan al Estado en concepto de anticipos de los ejercicios 2008 y 2009.

Rubalcaba ha procurado mantenerse hasta ahora al margen de este debate, pero no tendrá más remedio que hablar. En todo caso, defiende que siempre hay espacio para mejorar la eficiencia del gasto y que su preocupación es que la austeridad no comprometa las políticas que igualan a los ciudadanos: educación y sanidad.

Educación. Como profesor que ha sido y se siente, Rubalcaba hace hincapié en que este es uno de los pilares del futuro crecimiento. Se ha comprometido a no hacer reformas legislativas y propone una suerte de 'mir' para docentes.

Rajoy ha anunciado que la educación será un eje básico de su acción de gobierno, aunque de momento solo ha hecho pública una propuesta sobre esta materia: propone importar a España el modelo de FP alemán, de manera que los alumnos estudien y trabajen al mismo tiempo en empresas con una beca-salario de 450 euros. Una opción que ya ha puesto en marcha Esperanza Aguirre en Madrid.

El fin de ETA. La presencia de Bildu en las elecciones será un asunto peliagudo. El candidato del PSOE, que se atribuye en parte el mérito de la situación de debilidad de la banda terrorista, pedirá que la unidad de los demócratas no se resquebraje ahora que la disolución está cerca. El PP ya ha anunciado que dará los pasos legales necesarios para sacar a Bildu de las instituciones, aunque sus dirigentes son conscientes de las dificultades legales que conllevaría.